Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 19 de septiembre del 2026.- Años después de su creación para frenar la grave crisis de violencia contra las comunidades nativas americanas, la Unidad de Desaparecidos y Asesinados de la Oficina de Asuntos Indígenas enfrenta cuestionamientos severos tras una auditoría federal que expone deficiencias estructurales, falta de personal y un uso irregular de los fondos asignados.
Creada en 2021 bajo la administración de Joe Biden, la iniciativa prometía inyectar nuevos recursos y esperanza a las familias de víctimas en reservas de todo el país. Sin embargo, un informe reciente de la Inspectoría General del Departamento del Interior reveló que la promesa institucional se ha visto mermada por la burocracia, la rotación de agentes y la falta de seguimiento en cientos de expedientes.
De acuerdo con la auditoría federal, el presupuesto destinado a la unidad creció de 12 a 17 millones de dólares entre 2021 y 2024. No obstante, el 39% de dichos recursos fueron redirigidos a cubrir otros costos operativos de la Oficina de Asuntos Indígenas, como la modernización de vehículos, dejando a la instancia especializada con severas limitaciones financieras.
A esto se suma una crisis de personal: cerca de la mitad de los puestos de la unidad permanecieron vacantes, una situación agravada por la pérdida de un tercio de su fuerza laboral debido a recortes recientes. Como resultado, los agentes operativos han tenido que lidiar con cargas de trabajo inmanejables, combinando investigaciones complejas con tareas administrativas.
El impacto de estas fallas operativas se traduce en dolor e incertidumbre para los familiares de las víctimas. Hasta noviembre de 2024, la unidad acumulaba 83 casos abiertos y cerca de 400 derivaciones pendientes, muchas de ellas sin plazos claros de evaluación.
Casos como el de Peter Martin, desaparecido en 2024 en la reserva de Fond du Lac (Minnesota), reflejan el abandono institucional: tras la salida del agente asignado a principios de 2025, la investigación se congeló y la familia quedó sin el acompañamiento ni los servicios obligatorios para víctimas. Situaciones similares denuncian los allegados de Kaysera Stops Pretty Places, cuyo expediente careció de acceso oportuno a archivos locales y de comunicación constante con los investigadores.
La falta de personal especializado es alarmante; la auditoría documentó que, en la mayoría de los casos revisados, los agentes ni siquiera se comunicaron con el personal de apoyo a víctimas, obligando a los afectados a buscar ayuda en programas externos ante la existencia de apenas dos especialistas de este tipo en todo el país.
Frente a los señalamientos, la dependencia federal aseguró que ha adoptado diversas recomendaciones del informe, tales como agilizar los canales de derivación y capacitar al personal, atribuyendo las fallas operativas a gestiones anteriores. Asimismo, se han anunciado iniciativas recientes, como recompensas económicas por parte del FBI para incentivar la resolución de casos en tierras tribales.
No obstante, expertos legales y académicos insisten en que los esfuerzos federales siguen tropezando en la fase de implementación. Especialistas en derechos indígenas apuntan que las policías locales y tribales —las primeras en responder a estas emergencias— continúan operando con carencias críticas y capacidades limitadas, lo que reabre el debate sobre si los recursos federales estarían mejor administrados directamente por las propias comunidades afectadas.
