Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 8 de mayo del 2026.- En un despliegue coordinado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua ejecutó esta mañana el traslado aéreo de tres internos de alto perfil hacia centros federales de reinserción social. La operación, realizada bajo un estricto hermetismo, busca desarticular liderazgos criminales que operan desde el interior de los penales estatales.
El operativo se centró en los dos puntos críticos del estado: el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 en la capital y el convulso Cereso No. 3 en Ciudad Juárez. Entre los trasladados se encuentran Salvador Humberto S. V., movilizado desde Chihuahua, y Manuel G. M., junto a Ángel Ignacio R. A., quienes se encontraban recluidos en la frontera.
Este movimiento estratégico ocurre en un contexto donde el control de las prisiones se ha vuelto una moneda de cambio política y un desafío logístico para la administración de Maru Campos, ante la constante presión de grupos delictivos por mantener el control de las «plazas» intramuros.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública calificó el traslado como un éxito operativo «sin inconvenientes», la acción revela la dependencia de los estados hacia la infraestructura federal para manejar a reos de alta peligrosidad. La coordinación entre fuerzas estatales y federales —un tema de intenso debate legislativo en los últimos días— parece haber encontrado un punto de tregua en la gestión de la crisis carcelaria.
Fuentes oficiales indican que estas acciones son parte de una estrategia mayor para «garantizar la paz de las familias chihuahuenses», aunque analistas críticos señalan que el traslado de individuos es solo una medida paliativa frente a las fallas estructurales de un sistema que, históricamente, ha servido como centro de operaciones para el crimen organizado.
Con este operativo, el gobierno estatal intenta proyectar una imagen de «firmeza y orden«, respondiendo a las críticas de la oposición sobre la supuesta falta de control en los penales. Sin embargo, la efectividad a largo plazo de estos traslados aéreos sigue siendo cuestionada mientras no se resuelvan las causas de fondo del hacinamiento y la corrupción penitenciaria.
