Por Guadalupe Lizárraga
Familiares de Tirso Zúñiga Vargas, de 74 años, quien lleva 26 años preso sin sentencia, externaron su preocupación a este medio por el traslado arbitrario del penal del Cereso de Puebla al de Tecali de Herrera, en condiciones más vulnerables de movilidad y con reducción de alimentos. Antes, Jens Herrera Guzmán fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, incomunicado de su familia.
Tirso Zúñiga es uno de los dos presos con mayor número de años sin sentencia en México. Él y su coprocesado Jens Herrera Guzmán, cumplieron 26 años en prisión preventiva, bajo la causa penal 240/1996, acusados de secuestro en contra de una persona de nombre María Salazar Apango, la cual en ninguna de sus declaraciones ministeriales los señala ni los reconoce.
De acuerdo con la defensa, el único señalamiento fue de dos coprocesados que rindieron su declaración bajo tortura, sin embargo, pese a las evidencias presentadas en más de veinte años, siguen sin sentencia.
Tirso Zúñiga Vargas padece las enfermedades de hipertensión, reumatismo y artritis en las extremidades que le impiden valerse por sí mismo, por lo que usa silla de ruedas y andadera. Fue contagiado de Covid19, y requiere de medicamento que es proveído por la familia.
Traslados arbitrarios
El 16 de diciembre Tirso Zúñiga fue trasladado al penal de Tecali de Herrera, como una de las supuestas medidas de apoyo para personas de la tercera edad privadas de su libertad. No obstante, el testimonio de los internos adultos mayores en Puebla es que los traslados han sido arbitrarios, ya que no se les notifica a la familia ni a sus abogados. Adicionalmente, la movilidad es complicada para los internos más vulnerables por la avanzada edad y las enfermedades que sufren y se les redujo a dos porciones de alimentos por día, sin atención médica.
Jens Herrera Guzmán, procesado bajo la misma causa y en las mismas condiciones, fue trasladado el 25 de octubre al penal de Tepexi de Rodríguez, más de 80 kilómetros de distancia del Cereso de Puebla, por lo que a su familia también se le dificulta ir a verlos.
Al hacer el traslado de Herrera Guzmán, le quitaron sus pertenencias sin ninguna justificación, entre éstas, una lista de los internos adultos mayores en condiciones vulnerables, algunos en abandono jurídico, y muchos con más de dos años de prisión preventiva, una violación a la Constitución mexicana, según lo estipulado en el artículo 20, apartado B, fracción IX, donde se especifica que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.
