Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 16 de julio del 2026.- En un giro que redefine la narrativa de seguridad binacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la designación formal del Cártel de Juárez y de la organización criminal conocida como «Los Viagras» como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Esta medida, sustentada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, marca un precedente en la política exterior de la Administración Trump y coloca a estos grupos bajo el escrutinio más estricto del sistema financiero y legal estadounidense.
La justificación de esta decisión no es azarosa. Washington ha puesto sobre la mesa el costo humano, señalando específicamente la masacre de 2019 en Bavispe, Sonora, donde nueve ciudadanos estadounidenses —tres mujeres y seis menores de edad— perdieron la vida en un ataque perpetrado por sicarios de «La Línea», la facción armada que opera bajo el mando del Cártel de Juárez.
Para las autoridades estadounidenses, este evento transformó la percepción de los cárteles de simples grupos de narcotraficantes a estructuras «narcoterroristas», capaces de atacar directamente la integridad de ciudadanos norteamericanos, lo que obliga al Estado a utilizar su arsenal legal contra el terrorismo.
La designación del Cártel de Juárez y la organización criminal de “Los Viagras” como organizaciones terroristas no es solo un adjetivo político; es un mecanismo de aislamiento financiero, pues a partir de su publicación en el Registro Federal, se activan los siguientes efectos:
- Todos los bienes e intereses patrimoniales de estos grupos, o de individuos vinculados a ellos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, quedan bloqueados de facto.
- Ningún ciudadano o empresa estadounidense puede realizar transacciones financieras con personas o entidades designadas bajo este esquema.
- Esta etiqueta facilita un intercambio de información más ágil y profundo entre agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, permitiendo una persecución policial transnacional con capacidades que superan a las investigaciones de narcotráfico convencional.
Desde la Casa Blanca, el discurso es claro: esta acción se enmarca en la narrativa de seguridad fronteriza y el cumplimiento de promesas electorales. El Departamento de Estado insiste en que su prioridad es «interrumpir las fuentes de financiación» para desmantelar la estructura narcoterrorista. Para la Administración Trump, esta medida es el paso necesario para, según sus palabras, «mantener las calles libres de veneno» y ejercer una soberanía vigilante sobre los grupos que cruzan la línea entre la delincuencia organizada y la desestabilización política.
Esta designación pone al Gobierno de México en una posición compleja. La etiqueta de «Organización Terrorista» abre la puerta a presiones internacionales para que el Estado mexicano realice acciones más agresivas de contención y persecución.
Para estados como Chihuahua, donde la presencia del Cártel de Juárez es histórica y constante, la medida estadounidense podría intensificar la presencia de agencias federales de EE. UU. en la zona, bajo la premisa de proteger intereses nacionales estadounidenses. Queda la incógnita de cómo responderá la administración mexicana ante una medida que, de facto, busca internacionalizar el conflicto contra estos grupos criminales y que, sin duda, alterará la dinámica operativa y financiera del crimen organizado en nuestra frontera.
