Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 24 de marzo del 2026.- Ante una ola de violencia política que ya suma 50 asesinatos en el primer trimestre de 2025, el Congreso de Chihuahua lanzó un enérgico llamado al Senado de la República. La propuesta, impulsada por el diputado panista Ismael Pérez Pavía, busca que la reforma electoral (el polémico “Plan B”) deje de ignorar al elefante en la habitación: la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos.
Pérez Pavía fue directo al grano al proponer que se establezca la nulidad de las elecciones cuando se compruebe el financiamiento ilícito o la participación de grupos criminales. Para el legislador, no basta con contar votos; es urgente fiscalizar con «mano dura» el origen del dinero que fluye en las campañas, el cual muchas veces decide quién compite y quién gana antes de que el ciudadano llegue a la casilla.
Las cifras presentadas por el diputado pintan un panorama desolador para la política mexicana:
- 50 políticos asesinados tan solo entre enero y marzo de 2025.
- Un antecedente de 23 candidatos ejecutados en el proceso del 2024.
- Al menos 51 funcionarios víctimas de violencia
«No podemos permitir que el dinero ilícito siga decidiendo por nosotros», afirmó Pérez Pavía, subrayando que la reforma actual carece de dientes para frenar la narcopolítica que se ha enraizado en diversas regiones del país.
Más allá de los castigos, el Punto de Acuerdo exhorta al Senado a no debilitar a las instituciones electorales. En lugar de recortes que dejen ciegos a los organismos de fiscalización, se pide fortalecer las reglas del juego para garantizar que la competencia sea equitativa y, sobre todo, libre de la sombra de la delincuencia organizada.
