Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de abril del 2026.- En las 34 páginas del encausamiento criminal develado este mes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el concepto de «soberanía estatal» en México se desvanece para dar paso a una realidad más cruda: la de una franquicia criminal operando bajo el sello oficial del Gobierno de Sinaloa.
El documento, una pieza de orfebrería judicial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no se limita a enlistar cargamentos de fentanilo. Es, en esencia, la autopsia de una democracia fallida donde el gobernador Rubén Rocha Moya y su círculo íntimo son señalados como los arquitectos de un corredor de impunidad que conecta las montañas de la Sierra Madre con las calles de Manhattan.
La investigación federal rastrea el origen del poder de Rocha Moya hasta las elecciones de junio de 2021. Según el Gran Jurado, su victoria no fue el resultado de un consenso ciudadano, sino de una operación táctica de la facción de «Los Chapitos».
El expediente detalla cómo el cártel «alineó» el camino al poder: mediante el robo masivo de urnas y el secuestro de coordinadores de campaña de la oposición. En un detalle que pone en duda la legitimidad de toda la estructura financiera del estado, el documento señala que Enrique Díaz Vega, posterior Secretario de Administración y Finanzas, facilitó al cártel nombres y domicilios de rivales políticos para ser intimidados o «neutralizados».
Una vez instalados en el poder, la administración estatal presuntamente transformó la estructura de seguridad en un servicio de suscripción para el crimen organizado. El «Indictment» describe pagos mensuales sistemáticos que garantizaban que el Cártel de Sinaloa siempre estuviera un paso adelante de la ley:
- Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General): El documento le adjudica la recepción de $11,000 dólares mensuales de manos de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Su labor era simple pero letal: filtrar cada operativo de inteligencia coordinado con agencias estadounidenses.
- El Blindaje Policial: Mandos como Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras (“Cholo”) operaban, según la acusación, como los ojos y oídos del cártel dentro de la Policía de Investigación, movilizando recursos públicos para escoltar cargamentos de fentanilo y metanfetamina.
El capítulo más oscuro de este expediente de Nueva York trasciende el tráfico de drogas para entrar en el terreno de los crímenes de lesa humanidad. La acusación vincula directamente a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en octubre de 2023.
El documento alega que, bajo órdenes de los Chapitos, agentes uniformados —pagados por el erario— torturaron y ejecutaron al informante y a un familiar de este. Este acto de violencia institucionalizada es lo que hoy justifica que Washington clasifique a la red de protección de Rocha Moya no solo como corrupta, sino como una amenaza de seguridad nacional.
El impacto de este documento es lo que ha provocado la reciente contraofensiva de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien ha señalado la hipocresía de un sistema político que intenta auditar procesos locales mientras ignora que sus figuras estelares, como el senador Enrique Inzunza Cázarez, están en lo que ella llama la «Lista Roja» de la justicia internacional.
Con penas que alcanzan la cadena perpetua, el caso S9 23 Cr. 180 marca el fin de una era. Para los fiscales de Nueva York, Sinaloa ya no es un estado gobernado desde la capital, sino una región administrada desde los centros de operaciones de una organización designada como terrorista, con el gobernador Rocha Moya como su gestor más prominente.
