Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 6 de mayo del 2026.- En una de las críticas más mordaces lanzadas desde el Senado contra la actual administración federal, el legislador chihuahuense Mario Vázquez Robles advirtió que México se encuentra en una encrucijada institucional donde el silencio gubernamental ha dejado de ser una postura diplomática para convertirse en una «omisión cómplice» lo anterior en referencia a la crisis de “narcopolítica” que sacude al estado de Sinaloa por la presunta infiltración del crimen organizado que está transformando la democracia mexicana en una “narcocracia” de facto.

En ese sentido, Vázquez Robles exigió al Gobierno Federal dejar de utilizar las instituciones nacionales como un «mecanismo de protección» para figuras aliadas. La exigencia es clara: la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República deben procesar las solicitudes de extradición hacia Estados Unidos sin dilaciones, garantizando que el Tratado de Extradición no sea una letra muerta frente a intereses partidistas.

“La ley se respeta o se traiciona, y hoy el gobierno está a prueba”, afirmó Vázquez Robles, subrayando que la credibilidad de México ante la comunidad internacional depende de su disposición para permitir que sus funcionarios rindan cuentas ante la justicia global.

En un giro que eleva el costo político del escándalo, el senador urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar formalmente la cancelación del registro de Morena. El argumento de Vázquez Robles se sustenta en lo que califica como violaciones «graves y sistemáticas» a los principios democráticos, sugiriendo que el financiamiento y la estructura operativa del partido oficialista en Sinaloa podrían estar comprometidos por vínculos con organizaciones criminales.

Asimismo, el legislador exigió un informe detallado al Congreso que transparente el estatus de las investigaciones, argumentando que la sociedad mexicana no puede normalizar la convivencia con figuras señaladas por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya ya ha abandonado su posición, Vázquez Robles dirigió su atención hacia el senador Enrique Inzunza, exigiendo que renuncie a su fuero constitucional para permitir una investigación sin privilegios. Para el senador por Chihuahua, el mensaje que envíe el gobierno en las próximas horas será definitivo: o se actúa con el rigor de la ley, o se confirma que en México el crimen organizado goza de un asiento permanente en la mesa del poder político.

“Si no se actúa ahora, el mensaje será claro: en México el crimen organizado puede operar con impunidad en la política”, concluyó el legislador, dejando la pelota en la cancha de una Federación que, hasta ahora, ha optado por el repliegue retórico.