Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 23 de mayo del 2026.- La arquitectura financiera del crimen organizado es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. El reciente golpe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la estructura del Cártel de Sinaloa no solo ha puesto el foco en los mandos operativos del grupo criminal, sino que ha expuesto cómo sus tentáculos se infiltraron en la cotidianidad comercial de Chihuahua a través de negocios que operaban bajo una apariencia de total legalidad.
La investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es reveladora: para operar con éxito, el Cártel de Sinaloa ha dejado de ser solo un grupo de trasiego de drogas para convertirse en un conglomerado de negocios fachada.
En el epicentro de esta red en Chihuahua se encuentra Alfredo Orozco Romero, quien, según las autoridades estadounidenses, fungía como un engranaje fundamental para la facción de «Los Chapitos». Su estrategia fue doble a través de al menos dos “empresas fachada”
La primera detectada por la OFAC es la empresa denominada El Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV. que bajo el disfraz de un negocio de protección privada, presuntamente servía como base operativa y pantalla financiera encabezado el Alfredo Orozco Romero es asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína.
También se detecto el establecimiento de comida Gorditas Chiwas con sede en la Ciudad de Chihuahua, que operaba como una unidad de dispersión de capitales, controlada —según el expediente este operaba a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.
El análisis periodístico de la documentación federal sugiere que el éxito de este esquema residía en la diversificación de riesgos. Al utilizar empresas con sectores distintos (seguridad y alimentos), el grupo criminal lograba «lavar» fondos ilícitos provenientes de cargamentos de fentanilo y cocaína, integrándolos en la economía formal de nuestra ciudad.
La estrategia de utilizar familiares como Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero como titulares de estos negocios fue la táctica elegida para mantener el control desde las sombras, evitando levantar sospechas ante las autoridades hacendarias mexicanas durante un periodo prolongado.
La designación de la OFAC no es solo una «lista negra»; es un cerco financiero. Al bloquear todos los activos de estas personas y entidades, Estados Unidos ha enviado un mensaje claro a las instituciones financieras locales: procesar cualquier transacción de estos negocios ahora conlleva el riesgo de sanciones secundarias que pueden comprometer la viabilidad de cualquier banco.
Más allá del impacto económico, este caso plantea una pregunta crítica para la seguridad pública local: ¿Qué tan profunda es la red de complicidades? El hecho de que empresas con vínculos criminales hayan operado con éxito bajo el radar local durante tanto tiempo, cuestiona la eficiencia de los mecanismos de fiscalización y vigilancia en nuestro estado.
Esta investigación marca un punto de inflexión. El Cártel de Sinaloa ha demostrado que su estrategia de supervivencia no solo depende de la fuerza en la sierra, sino de su capacidad para mimetizarse en la vida urbana de las ciudades.
Para los chihuahuenses, la noticia de que negocios que forman parte de nuestro día a día están bajo la lupa internacional por financiamiento criminal, debe ser un llamado a la exigencia de mayor transparencia y un recordatorio de que, a veces, la fachada de la cotidianidad es el mejor escondite para quienes buscan desestabilizar la paz social.
