Por: La Redacción
Ciudad de México., a 23 de mayo del 2026.- El partido Morena salió al paso de las críticas por los recientes citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR), calificando el actuar de la dependencia como una muestra de «imparcialidad» y respeto al debido proceso. En un comunicado que marca una clara línea divisoria frente a los señalamientos de persecución política, la Cuarta Transformación desestimó los cuestionamientos de la oposición y defendió la necesidad de investigar a fondo, sin distinción de colores partidistas.
En un tono que evoca la narrativa oficial de la actual administración, Morena fue enfático al declarar el fin de lo que llamaron «los tiempos del viejo régimen», asegurando que las instituciones ya no se utilizan como herramientas contra adversarios políticos. Para el partido, la reciente escalada de investigaciones en Chihuahua y Sinaloa no debe interpretarse como una cacería, sino como una «obligación» de la autoridad para esclarecer hechos de interés público.
Morena puso el dedo en la llaga al realizar una comparación directa entre los dos casos que hoy tienen en jaque a la FGR. El partido subrayó una diferencia fundamental que, a su juicio, altera la naturaleza de ambos procesos:
En el primero de ellos que corresponde al estado de Sinaloa, la dirigencia nacional de Morena destacó que el gobernador en cuestión ha optado por separarse del cargo, facilitando así el curso de las investigaciones.
Mientras que en el caso de Chihuahua, lanzaron una acusación directa contra María Eugenia Campos Galván, asegurando que la mandataria «ha aceptado públicamente la comisión de varios delitos» y, pese a ello, permanece en funciones.
Este señalamiento busca desarticular la narrativa de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, quien sostiene que su citatorio es un acto de presión política, planteando que, a diferencia de su contraparte sinaloense, ella no ha cedido espacios ante la justicia.
La postura de Morena reafirma el respaldo total a la FGR en un momento crítico donde la institución está bajo fuego cruzado. Mientras la oposición advierte un uso faccioso de la ley, el partido en el poder insiste en que las diligencias —donde los involucrados son llamados en calidad de testigos— son parte del fortalecimiento del Estado de derecho.
Con este posicionamiento, el terreno político queda dividido: mientras la gobernadora de Chihuahua insiste en ser víctima de un sistema inquisidor, Morena coloca la responsabilidad en la ética pública de los funcionarios involucrados, dejando claro que el tema de las comparecencias está lejos de cerrarse.
