Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 23 de mayo del 2026.- En un mensaje directo y sin intermediarios, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, confirmó este mediodía la recepción de un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El requerimiento judicial está vinculado a las investigaciones sobre el hallazgo de un narcolaboratorio en la entidad, un tema que ha escalado rápidamente en la agenda pública nacional.
Campos Galván no evitó la confrontación. En un clip difundido tras la diligencia, la mandataria estatal vinculó directamente la acción de la FGR con una escalada de presión política en su contra.
«Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber», sentenció la mandataria estatal, cuestionando la «oportunidad» del citatorio, al sugerir que la FGR decidió actuar solo después de las entrevistas que ella ha concedido recientemente en medios de comunicación.
Para el equipo de comunicación de la gobernadora, la narrativa es clara: existe una estrategia institucional orquestada desde la Federación para desgastar su administración mediante el uso de la justicia federal.
La declaración de Campos Galván pone sobre la mesa un dilema que ha sido constante en su gestión: la fricción con las autoridades federales. Al afirmar que «seguirá dando la cara», la gobernadora busca adelantarse a cualquier posible acusación, convirtiendo el citatorio ministerial en un acto de defensa política.
Desde una perspectiva objetiva, la FGR ha mantenido sus facultades legales para investigar hechos de presunta delincuencia organizada. Sin embargo, la percepción ciudadana en Chihuahua está profundamente polarizada:
- Los críticos de la administración estatal ven en la acción de la FGR una oportunidad para esclarecer posibles omisiones en la seguridad local.
- Los simpatizantes de la Gobernadora refuerzan la tesis de Campos Galván sobre una «persecución política» destinada a debilitar a uno de los bastiones de oposición en el país.
Campos Galván concluyó su mensaje con un tono desafiante: «Hasta donde tope, por nuestro estado y por México». Con esta frase, la gobernadora se posiciona como una figura que no se replegará ante los procesos de la Fiscalía, manteniendo el foco en el terreno político más que en el estrictamente jurídico.
El caso de la Sierra del Pinal y este narcolaboratorio se perfilan como el próximo gran conflicto judicial y mediático, donde la gobernabilidad de Chihuahua podría estar en juego dependiendo de los avances de la FGR en las próximas semanas.
