Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 23 de mayo del 2026.- La bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado salió en defensa de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, calificando el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) como un acto que pone en riesgo la institucionalidad asegurando que la justicia federal no debe ser utilizada como una «herramienta política» para ajustar cuentas contra una administración que ha decidido alzar la voz en materia de seguridad.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, fue el encargado de marcar la postura oficial. Según el legislador, el problema de fondo no es la transparencia ni la revisión institucional, sino la intención de crear «falsas equivalencias» entre el trabajo de seguridad en Chihuahua y los escándalos que involucran a otros estados.
«No vamos a permitir que usen las instituciones para atacar Chihuahua», sentenció Chávez, dejando claro que para el PAN, el citatorio a la Gobernadora es una respuesta directa a su postura crítica contra el Gobierno Federal.
La bancada panista defendió que la labor del Gobierno Estatal debe medirse por hechos concretos y no por «mensajes políticos». Argumentan que el combate al crimen organizado en la entidad ha sido frontal, y que cuestionar esas decisiones bajo el formato de citatorios ministeriales constituye, en la práctica, una forma de intimidación.
Para los diputados del PAN, el llamado a declarar es una maniobra diseñada para:
- Distraer la atención: Desviar el foco de otros casos que enfrentan cuestionamientos más severos a nivel nacional.
- Presionar a la oposición: Castigar a quienes han señalado las fallas de la estrategia de seguridad federal.
Los legisladores reiteraron su respaldo incondicional a María Eugenia Campos Galván, exigiendo que las instituciones actúen con el mismo rasero para todos. El mensaje hacia el centro del país fue contundente: Chihuahua responderá con legalidad, pero no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran un uso faccioso de la ley.
Con esta postura, el Congreso local se suma al frente común que ya habían iniciado el alcalde Marco Bonilla Mendoza y la propia gobernadora, preparando el terreno para una confrontación política que promete intensificarse conforme avance el proceso de la FGR.
