Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 29 de mayo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que ninguno de los diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico cuenta actualmente con una ficha roja de la Interpol.
La revelación fue realizada por Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, en un mensaje transmitido a través de plataformas digitales. La declaración subraya la brecha existente entre las investigaciones en curso en Estados Unidos y el estatus legal de los implicados ante la justicia mexicana.
De acuerdo con la información oficial, cinco de los diez involucrados —entre quienes destaca el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— ya han comparecido ante el Ministerio Público para rendir sus declaraciones. Rocha Moya confirmó haber sido interrogado el pasado 26 de mayo por agentes ministeriales, en relación con las acusaciones que vinculan a su administración con la facción de «Los Chapitos», perteneciente al Cártel de Sinaloa.
La comparecencia del mandatario, junto con otros funcionarios como el senador Enrique Inzunza, ha sido documentada con despliegues de seguridad notables, incluyendo vehículos blindados, lo que subraya la sensibilidad política y el riesgo inherente a este caso.
A pesar de la gravedad de los señalamientos provenientes de Washington, la FGR se mantiene en una etapa de recolección de pruebas. Lara enfatizó que la institución continúa evaluando si los señalados han incurrido en conductas delictivas bajo la legislación mexicana, posicionando la labor del Ministerio Público como una etapa de investigación autónoma:
«La información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación que se siguen y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia en este caso», declaró el funcionario.
La ausencia de fichas rojas plantea interrogantes sobre la coordinación de inteligencia entre México y su principal socio comercial en materia de seguridad. Mientras que en Estados Unidos las acusaciones han sido tratadas con un alto perfil, en territorio mexicano el proceso se desarrolla bajo un marco institucional que, hasta el momento, no ha derivado en restricciones internacionales de movilidad para los implicados.
La investigación sigue abierta y se perfila como una de las pruebas de fuego para la actual administración y su capacidad de gestionar una crisis diplomática y de seguridad que involucra, potencialmente, a las estructuras más altas del poder estatal en Sinaloa.
