Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 22 de junio del 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), el diputado Alfredo Chávez Madrid, respaldó de manera categórica las recientes declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván respecto a la situación que atraviesa Sinaloa y la presunta relación de actores políticos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa, Chávez Madrid calificó de «valiente» el posicionamiento de la mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván, argumentando que ha expuesto una realidad que, a su juicio, otros gobernadores han evadido.
En ese sentido, el líder de la bancada del PAN centró su discurso en cuestionar el paradero y la situación jurídica del exgobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, señalando una supuesta omisión por parte del Gobierno Federal y del partido Morena.
El coordinador panista cuestionó directamente a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, sobre el resguardo y la supuesta impunidad de la que gozaría Rocha Moya, a quien vinculó con una supuesta operación del crimen organizado en las elecciones de 2024.
Chávez Madrid enfatizó que, ante los tratados internacionales y las pruebas existentes, el exmandatario debería enfrentar procesos de extradición ante autoridades estadounidenses.
El diputado del PAN sostuvo que la respuesta del oficialismo ante los cuestionamientos de la gobernadora de Chihuahua ha sido insuficiente, basándose en «insultos y evasivas» en lugar de abordar el fondo del asunto.
Asimismo, Chávez Madrid lanzó una crítica severa hacia la actual administración federal, sugiriendo que persiste un «narcopacto» entre el partido Morena y estructuras criminales. Según el legislador, este compromiso político imposibilita que la presidenta de la República tome medidas correctivas, acusando además una distracción de la agenda pública nacional ante eventos deportivos recientes para evitar profundizar en temas de seguridad y justicia.
La postura de Chávez Madrid reafirma la línea de confrontación abierta que el gobierno estatal y la bancada panista han mantenido recientemente frente a la estrategia de seguridad de la administración federal, exigiendo que las instituciones actúen con transparencia frente a las acusaciones de vínculos delictivos que pesan sobre figuras de la vida política nacional.
