Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Ciudad Juárez, Chih., a 13 de julio del 2026.- En un estado donde la violencia se mide diariamente en vidas perdidas, mantener la Fiscalía General del Estado (FGE) acéfala durante más de sesenta días envía un mensaje de profunda indiferencia, así lo expresió la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, la ausencia de un titular definitivo en la institución encargada de procurar justicia no es un simple trámite burocrático pendiente, sino una alarmante omisión política del Gobierno del Estado frente a la crisis de seguridad que azota a la entidad.

El reclamo de la legisladora cobra un sentido de urgencia humanitaria al contrastarse con la realidad del territorio. Chihuahua se ha mantenido durante cuatro meses consecutivos entre las entidades con mayor índice de homicidios dolosos en el país, registrando periodos con cifras de violencia que superan a estados históricamente conflictivos como Sinaloa.

«La Fiscalía no puede seguir siendo una silla vacía mientras la violencia sigue cobrando vidas», sentenció Pérez Reyes, aludiendo al vacío de liderazgo en una institución clave para la investigación de delitos y el combate a la impunidad.

Al cuestionar los argumentos del Ejecutivo estatal respecto a la «complejidad» de encontrar el perfil idóneo, la diputada sostuvo que el verdadero obstáculo no es la falta de profesionales preparados en el estado, sino el criterio de selección de la administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

A juicio de Pérez Reyes, los nombramientos en áreas estratégicas de seguridad se han priorizado bajo un esquema de sumisión en lugar de autonomía, es decir que los Servidores públicos cuya principal credencial sea la cercanía y obediencia al Ejecutivo, dejando en consecuencia una institución debilitada y dependiente, carente de la autonomía técnica necesaria para enfrentar de manera efectiva a la delincuencia.

Para ejemplificar el riesgo de colocar a perfiles políticos en puestos técnicos, la legisladora recordó la gestión de Roberto Fierro Duarte, primer Fiscal General de la presente administración. Durante su periodo, el estado vivió dos de sus episodios más trágicos y dolorosos en los últimos años:

  1. El «Jueves Negro» en Ciudad Juárez: Una jornada de violencia que cobró la vida de 12 personas inocentes.
  2. El motín en el Cereso estatal: Un evento que resultó en el asesinato de 10 custodios, el fallecimiento de 11 internos y la fuga masiva de reos.

«Esos hechos evidenciaron las consecuencias de colocar en un cargo estratégico a una persona que nunca estuvo a la altura de la responsabilidad. Chihuahua no puede repetir ese error», enfatizó la diputada, recordando que las decisiones políticas deficientes se traducen, tarde o temprano, en tragedias familiares.

Ante el próximo envío de la terna o propuesta al Congreso del Estado, Pérez Reyes adelantó que la bancada de Morena asumirá una postura de estricta vigilancia. Advirtió que no acompañarán designaciones por conveniencia o acuerdos políticos, y que rechazarán categóricamente cualquier propuesta que pretenda colocar a un funcionario sumiso en la FGE.

La demanda del grupo parlamentario es clara: Chihuahua requiere un Fiscal General con independencia probada, capacidad técnica para desarticular a los grupos criminales y, sobre todo, un compromiso real con las víctimas y la justicia, no con el poder en turno.