Por: Sandra Dueñes Monárrez
Nueva York, EUA., a 20 de julio del 2026.- Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ha sido sentenciado a cadena perpetua en la Corte de Distrito Este de Nueva York, el mismo recinto que presenció la caída de su socio, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. La decisión del juez Brian Cogan cierra un capítulo histórico en la lucha contra el narcotráfico, pero abre un debate profundo sobre la magnitud del daño que las instituciones mexicanas aún no han logrado resolver.
A diferencia de otros capos que han buscado beneficios a través de la delación, Zambada se declaró culpable sin ofrecer cooperación alguna con las fiscalías estadounidenses. En un reconocimiento inusual, el líder criminal admitió “el mal” causado por sus acciones, aunque aclaró que su comparecencia no buscaba compasión, sino el cumplimiento de un proceso en el que su defensa, encabezada por Frank Pérez, se limitó a solicitar atención médica por sus padecimientos de salud, petición que el juez Cogan delegó a la Oficina de Prisiones (BOP).
La Fiscalía estadounidense fue contundente al describir la trayectoria de Zambada, subrayando que durante décadas su operatividad no solo se basó en el tráfico de toneladas de cocaína, fentanilo y metanfetamina, sino en una estructura de sobornos que permeó a todos los niveles del gobierno mexicano.
La sentencia no solo castiga el liderazgo de un cártel que empleó sicarios para torturar y asesinar, sino que pone al descubierto una red de complicidad con la policía, el Ejército y la clase política, cuya intervención permitió que la organización operara sin interferencias durante más de 30 años. La Fiscalía enfatizó que la escala de corrupción y violencia propagada por el acusado ha tenido daños globales, lo que hace difícil exagerar la magnitud de sus crímenes.
La sentencia a Zambada deja una pregunta latente en la opinión pública: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de aquellos políticos y funcionarios que facilitaron su impunidad durante años?. Mientras Estados Unidos busca decomisar 15,000 millones de dólares —una cifra que simboliza la riqueza acumulada a costa de la violencia en México—, el sistema de justicia mexicano enfrenta el reto de esclarecer las complicidades que permitieron que este hombre fuera el último gran capo en caer, hasta que fue entregado en una operación coordinada tras su secuestro en territorio nacional.
La cadena perpetua dictada en Nueva York pone fin a la carrera de Zambada, pero deja intactas las estructuras de poder que durante años le sirvieron de escudo. Para las víctimas de la violencia en México, esta sentencia es un recordatorio de que, mientras en el extranjero se logra la justicia, en casa, los cómplices del sistema aún permanecen en las sombras.
