Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de agosto del 2026.- Sergio Valles, periodista y director del Canal 28, respondió enérgicamente al discurso de la gobernadora María Eugenia Campos sobre la libertad de expresión, señalando una contradicción directa entre la defensa oficial de estos derechos y las acciones ejercidas contra esta televisora social sin fines de lucro.
Durante su posicionamiento, el director del medio señaló que el área de comunicación social del gobierno estatal vigilaba de cerca los espacios informativos. Las notas críticas eran catalogadas mediante un sistema de control: «Las notas críticas eran identificadas con un semáforo rojo y recibíamos observaciones e imágenes de esos semáforos rojos sobre contenidos que, desde la perspectiva de su gobierno, no deberíamos de transmitir. No estamos inventando nada, conservamos los mensajes, los monitoreos y la documentación que acreditan esos hechos».
El director recordó la reunión convocada el 6 de marzo de 2024 en el Palacio de Gobierno, a la cual decidió no asistir al calificarla con fines político-electorales. Tras negarse a seguir las directrices de cobertura enviadas posteriormente por WhatsApp, el medio sufrió represalias económicas: «Canal 28 no obedeció y a partir de este momento este medio dejó de recibir contratación oficial».
Al solicitar nuevamente la incorporación del canal bajo criterios transparentes en 2026, la respuesta fue la negativa institucional. Ante esto, el periodista enfatizó que «la publicidad oficial se financia con recursos públicos y no debería utilizarse para favorecer a unos medios y excluir a otros por el contenido de su línea editorial», motivo por el cual acudieron al juicio de amparo.
Valles cuestionó el doble rasero de la administración al señalar que «tampoco se puede condenar el supuesto autoritarismo federal mientras en Chihuahua se monitorea, se presiona, se excluye y se castiga económicamente a una televisora social por publicar información incómoda».
Para disipar dudas sobre los motivos de la denuncia, el directivo zanjó el debate sobre intereses económicos aclarando: «Si en algún momento el Gobierno del Estado decidiera contratarnos bajo criterios legales, transparentes, no discriminatorios y sobre todo respetando plenamente nuestra independencia editorial, la totalidad de sus recursos serán donados a instituciones de asistencia social o filantrópica de Chihuahua».
El posicionamiento concluyó recalcando que lo defendido no es un contrato publicitario, sino el principio fundamental de que ningún medio de comunicación en una sociedad democrática sea castigado por el contenido de su información.
