Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 30 de agosto del 2026.- En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, la geografía nacional se sacudió no sólo por el dolor acumulado de más de 135,000 ausencias registradas en el país, sino por la brutalidad que enfrentan quienes se atreven a buscar.
Mientras el estado de Sinaloa encendía todas las alarmas tras el atentado a balazos perpetrado contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, y su hija, en Chihuahua la tensión institucional escaló a niveles inéditos, donde más de 500 familias de personas desaparecidas, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM), salieron a las calles para reclamarle a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que en cinco años de administración continua negandose a recibir a las familias de personas desaparecidas.
Más allá de los oficios ignorados y las mesas de diálogo simuladas, el desencuentro entre la administración estatal y las familias buscadoras tiene antecedentes profundos marcados por la insensibilidad oficial de María Eugenia Campos Galván quien en marzo de 2022, tras la histórica caravana «Caminando Hasta Encontrarles» —en la que decenas de madres y familiares recorrieron a pie 300 kilómetros desde Hidalgo del Parral hasta la capital del estado.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván optó por la descalificación en lugar de la empatía. En aquella ocasión, la mandataria calificó públicamente las movilizaciones de las familias de personas de desaparecidos calificando a las madres buscadoras de «raras» y «curiosas», insinuando la existencia de intereses políticos detrás del reclamo legítimo de justicia.
La reacción de los colectivos no se hizo esperar. A través de una carta abierta firmada por más de cien familiares, la respuesta se convirtió en un grito de dignidad que incomodó al poder en el estado de Chihuahua «No somos raras, estamos indignadas», reclamaron, reprochándole a la titular del Ejecutivo la profunda falta de empatía ante el desgaste físico y emocional de caminar bajo el sol cargando el rostro de sus desaparecidos.
A cinco años de distancia, aquel desdén verbal parece haberse transformado en una política de puertas cerradas, donde la constante ha sido la negativa sistemática a recibirlas de viva voz.
La gobernadora, María Eugenia Campos Galván le reprochó de manera pública a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la Federación les ha quedado a deber en la atención a las madres buscadoras, asegurando que se negaban a recibirlas. Ante este reclamo, la titular del Ejecutivo federal respondió directamente argumentando que los señalamientos de la mandataria estatal constituían «propaganda política».
Ante las críticas políticas de la gobernadora, Claudia Sheinbaum Pardo defendió su gestión asegurando: “Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de eso”. Asimismo, enfatizó que atiende los casos de manera directa y discreta, canalizando la relación con colectivos numerosos a través de la Secretaría de Gobernación Federal para evitar un uso mediático de la causa.
En los hechos, el Gobierno del Estado de Chihuahua, les ha negado a las familias de personas desaparecidas la audiencia pública solicitada conforme a la Ley de Participación Ciudadana para este 30 de agosto, sustituyéndola por un encuentro unilateral al margen de la titular del Ejecutivo. El saldo de esta ruptura: un lustro completo de administraciones donde la palabra «diálogo directo» ha brillado por su ausencia.
La confrontación entre el colectivo más numeroso del estado y el Gobierno de Chihuahua tiene un origen legal y administrativo claro. El pasado 7 de agosto, con el respaldo de la legislación estatal y su reglamento, las familias solicitaron formalmente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván una audiencia pública presidida personalmente por ella para este 30 de agosto. El objetivo era tan urgente como legítimo: presentar propuestas concretas de política pública, exigir rendición de cuentas sobre la crisis forense y establecer un canal permanente de seguimiento.
Conforme a la ley, la autoridad contaba con un plazo de diez días hábiles para responder por escrito, fundando y motivando cualquier negativa. El plazo feneció el 20 de agosto sin una sola línea de la mandataria. En su lugar, la Fiscalía General del Estado intentó subsanar la omisión con un oficio que evadió la audiencia y, días después, emitió una «invitación» a un encuentro organizado a modo, con fechas distintas y sin la presencia de la gobernadora.
Para el Centro de los Derechos Humanos de las Mujerez y el colectivo 10 de Octubre entre otros que se unieron al reclamo refirieron que acudir a ese llamado habría significado convalidar la simulación recordandole con ello a María Eugenia Campos Galván que las familias “son sujetas de derechos y no invitadas de cortesía”.
La negativa de este fin de semana se suma a una narrativa de cerrazón que suma casi cinco años. Desde el inicio de la administración de Campos Galván, la mandataria se ha negado sistemáticamente a recibir a los colectivos. En 2022, tras una caminata de 300 kilómetros desde Parral hasta Chihuahua, la respuesta oficial fue la descalificación pública al tacharlas de «raras». En abril de 2025, una reunión prometida fue pospuesta por «agenda» y jamás retomada.
Horas antes de las protestas y en medio de los reclamos, la gobernadora María Eugenia Campos Galván difundió un mensaje en video anunciando la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, dotado inicialmente para 450 familias con apoyos económicos, becas y atención integral, además de mesas de trabajo regionales permanentes operadas por la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía.
“Soy muy consciente de que no hemos hecho todo lo deseable, que no ha sido suficiente. Y sé que podemos hacer más”, reconoció la mandataria en su mensaje, lamentando además que la crisis de desapariciones no pueda resolverse únicamente desde el ámbito estatal sin la fuerza del Gobierno Federal.
Sin embargo, la respuesta institucional fue recibida con escepticismo crítico por parte de las organizaciones sociales. Desde el CEDEHM cuestionaron el fondo de la estrategia: “¿Un programa para las familias, sin escuchar a las familias?”, sintetizaron, recordando que los subsidios económicos no suplen la obligación constitucional de investigar, sancionar a los responsables, garantizar la verdad y, sobre todo, otorgar el derecho elemental de ser escuchadas por quien encabeza el poder público.
El dolor de Chihuahua se entrelazó este 30 de agosto con la indignación nacional por el atentado contra Alma Rosa Rojo en Sinaloa, un recordatorio trágico de que en México buscar a un ser querido se ha convertido en una labor de alto riesgo. Ante este panorama, las familias se concentraron este mediodía frente a Palacio de Gobierno para manifestarse, exigir garantías de seguridad para las buscadoras del país y anunciar las acciones legales correspondientes frente al incumplimiento de la ley de participación ciudadana por parte del Ejecutivo estatal.
La crisis de desapariciones en la entidad —que supera las 4,300 víctimas reconocidas— continúa chocando contra la misma pared: un Estado que contabiliza carpetas de investigación pero escatima el oído, la empatía y la justicia. En voz del colectivo y el CEDEHM, el mensaje quedó claro frente a las puertas cerradas de Palacio: la búsqueda es una obligación indeclinable, y a las buscadoras no se les evade con programas unilaterales; se les escucha, se les protege y se les garantiza justicia.
El doble discurso de Maru Campos frente a las madres buscadoras
