Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 28 de mayo del 2026.- En la esfera política, la distancia entre el discurso mediático y la realidad de las víctimas suele medirse en cinismo. Recientemente, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hizo eco de una narrativa de «compasión» ante medios nacionales al abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este llamado a la empatía contrasta severamente con el historial de descalificaciones y el trato institucional que su administración ha dispensado a las madres buscadoras en el estado.
Durante una rueda de prensa celebrada al exterior de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México debido a la solicitud de presentación de la mandataria para declarar por el caso CIA-Gate, Campos Galván le reclamó al Gobierno Federal presuntas omisiones ante las familias que, en sus palabras, buscan a sus hijos «a pico y pala» en la soledad y el dolor extremo. No obstante, al analizar esta postura frente a los antecedentes registrados en la entidad, surge una evidente contradicción.
La memoria colectiva y los registros periodísticos documentan una postura gubernamental distinta. El 22 de marzo de 2022, tras la caravana «Caminando hasta encontrarles» —que recorrió 300 kilómetros desde Hidalgo del Parral hasta la capital—, la respuesta del Ejecutivo estatal fue el estigma.
En aquel momento, al ser cuestionada sobre la exigencia de las familias de reunirse con la Fiscalía General del Estado, la gobernadora desestimó la movilización y calificó a las participantes de forma peyorativa cuestionando la autenticidad de la marcha y refiriendose a las madres, hijas y esposas que caminaban con la foto de sus seres queridos al pecho como personas «raras» y «curiosas».
Asimismo, Campos Galván vinculó a las familias y al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) con el exgobernador Javier Corral Jurado, utilizando el discurso del «régimen corralista» para evadir su responsabilidad institucional.
Ante el señalamiento, las familias integrantes de la caravana respondieron a través de una carta pública que hoy cobra una vigencia devastadora. En el documento, las víctimas dejaron claro que la búsqueda de sus seres queridos no es un capricho, sino el ejercicio legítimo de un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar.
«Señora, nosotras no tenemos precio ni obedecemos a intereses políticos, y que usted lo sugiera es un verdadero insulto», sentenciaron las colectivas en aquel momento, recordándole a la gobernadora que la búsqueda es responsabilidad del Estado, no una concesión política.
Es por ello, que hoy ante los señalamientos en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por la intromición de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara, le resulta paradójico que la gobernadora invoque hoy la tragedia de las madres buscadoras como un agravio contra el Gobierno Federal, cuando en su propia gestión, la respuesta a esa misma tragedia fue la indolencia y el señalamiento público.
Como bien señaló en su momento la activista Lucha Castro: las familias merecen ser escuchadas, no utilizadas. La historia de desdén de la administración estatal hacia los colectivos de búsqueda es una cuenta pendiente que ningún discurso de «compasión» puede saldar mientras el dolor de las madres siga siendo tratado como una molestia política y no como una emergencia humanitaria que exige, ante todo, respeto.
Fuentes:
- Información basada en el contexto y los documentos proporcionados sobre las declaraciones de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván en 2022 y 2026, y la carta pública de las colectivas de madres buscadoras.
