Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de noviembre del 2026.- Evaluar la seguridad pública midiendo únicamente cuántas personas mueren asesinadas se ha convertido en el boleto favorito de los gobiernos para anunciar «pacificación» mientras los territorios son estrangulados económicamente por el crimen organizado.
En el más reciente informe de México Evalúa, titulado «De la Violencia a la Pacificación: Comportamiento de la Extorsión por Regiones Económicas (2015-2026)», pone sobre la mesa una verdad incómoda: el cobro de piso, la coerción y la extorsión no ceden, se han instalado firmemente en el 65% por encima de 2015 y golpean con rudeza los corredores donde late la economía del país.
Para un estado fronterizo, industrial y minero como Chihuahua, el análisis de este documento no es solo una radiografía estadística; es la confirmación de una falla estructural donde el delito muta, se oculta o se maquilla en los registros oficiales y donde el informe revela que el fenómeno de la extorsión desmantela el discurso oficial.
Mientras los asesinatos dolosos muestran reducciones en diversas entidades, la extorsión se mantiene estancada en niveles históricamente altos (un promedio nacional de 6.4 víctimas por cada 100 mil habitantes a septiembre de 2026).
El problema está concentrado estratégicamente: el 85% de las víctimas del país se concentran en tres regiones económicas (Centro, Bajío-Occidente y Norte), las cuales agrupan la manufactura de exportación, la industria automotriz y los mayores mercados de consumo. En estas zonas, la extorsión ya no es un delito patrimonial aislado, sino un impuesto criminal que encarece la cadena de suministro y vulnera la competitividad amparada bajo el T-MEC.
Dentro del Norte industrial y minero —región donde la tasa regional se ubicó en 7.7 víctimas por cada 100 mil habitantes—, el caso de Chihuahua llama poderosamente la atención por el comportamiento errático y explosivo de sus cifras oficiales.
Según los datos procesados por México Evalúa con corte a septiembre de 2026, la tasa de extorsión en el estado se ubicó en 3.99 víctimas por cada 100 mil habitantes (lugar 16 a nivel nacional). Lo llamativo —y alarmante— son las variaciones porcentuales:
- Un incremento anual de 1,365.8% respecto al mismo periodo de 2025.
- Un repunte de 2,176.8% en comparación con 2024.
¿Qué hay detrás de este salto brutal?
El propio reporte advierte que este incremento exponencial, tras una década con valores estatales artificialmente cercanos a cero, refleja principalmente un cambio en el registro y sinceramiento institucional de las carpetas de investigación, más que una súbita explosión del delito de un día para otro.
Sin embargo, el mapa municipal desborda contradicciones alarmantes donde Ciudad Juárez y la capital del estado a pesar de su peso demográfico, industrial y la conocida presencia de células criminales, registran tasas extrañamente bajas en el sistema oficial. Juárez reporta una tasa observada de 2.4 (40 víctimas) y la capital una tasa de 1.4 (15 víctimas).
El informe también apunta que las tasas más elevadas de extorsión en territorio chihuahuense no se concentran en las grandes metrópolis fronterizas o capitalinas, sino en ciudades medias como Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Parral, donde el comercio local y las cadenas agropecuarias sufren la presión directa del cobro de piso.
El diagnóstico para la frontera norte es lapidario: los registros oficiales no muestran dónde está el verdadero riesgo, sino dónde se denuncia. En entidades como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, el bajo número de casos responde al terror a denunciar, a la desconfianza institucional y a la cifra negra (que a nivel nacional supera el 97% según la ENVIPE), dejando a los negocios desamparados bajo una falsa sensación de seguridad estadística.
Al cruzar la extorsión con el resto de los delitos de alto impacto analizados en el informe (con datos a septiembre de 2026), Chihuahua mantiene un perfil de alerta roja en los siguientes indicadores:
El análisis de estos datos confirma que, aunque el homicidio doloso en Chihuahua experimenta un decremento importante (cayendo 27.5% en un año para situarse en la quinta posición nacional), el estado sigue atrapado en una crisis de violencia estructural donde los delitos de coerción y control económico emergen con fuerza.
El informe de México Evalúa critica severamente la Estrategia Nacional contra la Extorsión (ENCE) presentada por el Gobierno federal. Señala que el plan padece de vicios estructurales graves cuyas prioridades suelen ser obsoletas ya que solo se han priorizad ocho entidades donde las víctimas bajaron 13%, ignorando a estados con crisis agudas y crecientes (como Morelos, Querétaro, Tabasco o el propio repunte en registros de Chihuahua).
Asimismo, la estrategia se opera desde el centro, dejando fuera a los municipios, que son la primera línea de contacto ante el cobro de piso en mercados y calles. Es importante destacar que las herramientas actuales (congelamiento de cuentas bancarias y número 089) sirven para la extorsión telefónica episódica, pero son totalmente inútiles frente a grupos criminales que acuden semana a semana a exigir efectivo a los comercios locales.
El informe de México Evalúa deja una lección contundente para Chihuahua y el país que nos dice que bajar homicidios no equivale a pacificar. Mientras el Estado mantenga sistemas de registro deficientes, centralice la seguridad sin involucrar a los municipios y desatienda la extorsión silenciosa que asfixia al comercio y a la industria, la pretendida paz social seguirá siendo un espejismo estadístico. La extorsión es, hoy por hoy, la prueba de fuego que mide si el Estado o el crimen organizado detentan la autoridad efectiva en los territorios.
