Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Arizona, EUA., a 29 de agosto del 2026.- La administración del presidente Donald Trump dio inicio a la construcción de un tramo de su emblemático muro fronterizo en el sur de Arizona, el cual atraviesa territorio ancestral de la tribu Tohono O’odham. La obra, respaldada por un proyecto federal de 46,000 millones de dólares para blindar la frontera con barreras de acero de nueve metros de altura y tecnología de vigilancia, avanza en medio de severas protestas y denuncias por la vulneración sistemática de los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios.
Mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) justifica la intervención bajo el argumento de cerrar una brecha histórica en una peligrosa ruta de contrabando de drogas y tráfico de personas en un desierto remoto, la comunidad indígena ha denunciado una incursión ilegal y prepotente por parte de las autoridades federales.
De acuerdo con un comunicado emitido por la tribu, un contingente de aproximadamente 20 agentes de la CBP con el rostro cubierto y armados, acompañados por personal de la empresa contratista SLSCO Ltd. —firma que acumula más de 390 millones de dólares en contratos desde 2023—, ingresaron sin autorización a la reserva utilizando camiones perforadores y maquinaria pesada para realizar muestreos de suelo.
Los elementos federales montaron bloqueos vehiculares e impidieron que la policía tribal ejerciera sus funciones para retirar a los operarios que violaron los códigos internos y las advertencias de prohibición de paso. Para la comunidad, que cuenta con 37,000 miembros distribuidos a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, esta acción representa una flagrante violación a su soberanía.
En junio pasado, la tribu interpuso una demanda contra el gobierno federal para frenar la construcción, advirtiendo que el muro provocará una «devastación significativa» al destruir picos montañosos sagrados y alterar los límites de su territorio. Pese a ello, el juez federal Richard Leon falló a favor del gobierno bajo el argumento de que las labores se concentrarían en una zona de amortiguamiento de 18 metros en terrenos de la Reserva Roosevelt. No obstante, la nación Tohono O’odham recalca que el uso de sus tierras para acceder a las obras sigue constituyendo una invasión ilegal.
Ante el despliegue de fuerza y la falta de respeto a sus derechos culturales y territoriales, los funcionarios tribales informaron que evalúan nuevas acciones legales para expulsar a los contratistas y frenar un proyecto que, bajo la promesa de seguridad nacional, pisotea la autonomía de los pueblos indígenas.
