Por La Redacción
Chihuahua, Chih., a 9 de mayo del 2026.-El campo chihuahuense, históricamente el granero del norte, enfrenta una de sus crisis más agudas en décadas advirtió el diputado Arturo Zubía Fernández (PAN) lanzó una advertencia urgente desde el Congreso local: la combinación de dos años sin ciclos agrícolas regulares y el aumento desmedido en el costo de los insumos ha vuelto «incosteable» la actividad para el pequeño productor, provocando una venta masiva de hectáreas en las regiones rurales del estado.
La crisis no es solo una cuestión de clima, sino de una estructura de costos que ya no permite el retorno de inversión enfatizó Zubía Fernández quien detalló cifras que ilustran el ahogo financiero: un saco de fertilizante de apenas 50 kilos alcanza hoy los mil pesos, una cifra prohibitiva para quienes poseen, en promedio, solo cuatro hectáreas. A esto se suma el encarecimiento del combustible y la semilla, dejando a los productores en una encrucijada donde trabajar la tierra significa, paradójicamente, perder dinero.
«La realidad está allí en el campo, en el que se asolea, en el de sombrero», expresó el legislador, subrayando la desconexión entre las políticas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la supervivencia diaria en el surco.
El impacto más severo se registra en los sectores de pequeña escala. En la región de Camargo, más de 2 mil 400 socios de organizaciones agrícolas ven cómo sus patrimonios se desvanecen. La falta de rentabilidad ha forzado a decenas de familias a poner sus tierras en venta, un fenómeno que no solo amenaza la producción de alimentos, sino que desmantela el tejido social de las comunidades rurales.
Ante este escenario, el Grupo Parlamentario del PAN respaldó un exhorto para que el Gobierno Federal rinda un informe público sobre la situación real del sector. La exigencia es clara: se requiere de un rescate financiero y técnico inmediato antes de que el abandono de hectáreas sea irreversible.
Zubía Fernández invitó a sus homólogos a abandonar la comodidad de la capital y acudir a las asambleas ejidales para escuchar «de frente» los reclamos de un sector que se siente ignorado por la federación en su momento de mayor vulnerabilidad.
