Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 3 de noviembre del 2026.- Ejercer el periodismo en México continúa siendo una actividad de alto riesgo marcada por la impunidad sistémica y el control territorial del crimen organizado. De acuerdo con el registro histórico documentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), un bloque de cinco entidades federativas —Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas— concentra la mitad de los asesinatos de comunicadores en el país, acumulando un total de 169 casos desde 2006.
Esta concentración geográfica no es fortuita; coincide con territorios estratégicos que forman parte del denominado “corredor de la droga” hacia Estados Unidos, donde la convergencia entre la actividad de cárteles prioritarios —como Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa— y la fragilidad institucional ha dado paso a una profunda vulneración de los derechos humanos fundamentales, en particular de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
De los estados analizados por RSF, Veracruz se posiciona como el territorio más letal para los trabajadores de la información. La simbiosis entre la criminalidad y la debilidad de las instituciones públicas ha propiciado la creación de “zonas de silencio”.
Según explica la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), citada en el informe, en estas regiones los grupos delictivos dictan abiertamente qué se puede informar y qué debe ser censurado, buscando blindar sus operaciones ilícitas mediante el control absoluto del flujo informativo. Lo alarmante, desde una perspectiva de derechos humanos y rendición de cuentas, es que este fenómeno opera frecuentemente con la tolerancia, aquiescencia o consentimiento directo de las propias autoridades.
Organizaciones como Propuesta Cívica definen este escenario no solo como una ausencia de ley, sino como una “gobernanza criminal”. Este modelo perverso garantiza una impunidad casi absoluta, donde agredir, desplazar o asesinar a un periodista carece de consecuencias jurídicas o institucionales, convirtiendo al Estado en un actor omiso frente a la violencia extrema.
El uso de la violencia documentado por Reporteros Sin Fronteras no se limita a la supresión de la vida; busca enviar un mensaje aleccionador a todo el gremio periodístico. La tortura y los actos de violencia extrema han sido registrados en al menos el 20 % de los periodistas asesinados en México desde 2006.
Nuevamente, Veracruz encabeza esta estadística macabra con 13 de los 34 casos registrados a nivel nacional en los que los cuerpos de las víctimas presentaban señales inequívocas de tortura, consolidando el terror como un instrumento sistemático de intimidación y silenciamiento.
El análisis de la violencia letal expone también una dimensión de género profundamente preocupante. Las agresiones extremas y las señales de tortura son proporcionalmente más frecuentes en contra de las mujeres periodistas.
Mientras que la violencia extrema se documenta en el 19 % de los casos de hombres asesinados, la cifra asciende al 36 % en el caso de las mujeres (al menos cinco casos documentados). Este desproporcionado impacto refleja las intersecciones de la violencia machista y el riesgo profesional, evidenciando que las comunicadoras enfrentan capas adicionales de vulnerabilidad en el ejercicio de su labor informativa.
Desde una perspectiva crítica de derechos humanos, la violencia letal contra la prensa documentada por RSF no constituye únicamente un delito contra un individuo; representa un atentado directo contra el tejido democrático de la nación. La persistencia de zonas de silencio, la impunidad generalizada, el uso de la tortura y la vulnerabilidad diferenciada de las mujeres periodistas exigen una transformación radical en la política de protección a la prensa.
Garantizar justicia, desmantelar las redes de complicidad institucional con el crimen organizado y erradicar la impunidad son condiciones indispensables para que el periodismo deje de ser una profesión de alto riesgo en México y se restituya el derecho ciudadano a una información veraz, crítica y libre.
