Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 26 de abril del 2026.- La administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván enfrenta una crisis de confianza que trasciende las fronteras estatales. Tras los violentos sucesos en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril —donde perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) —, la creación de una unidad especializada para investigar los hechos ha sido recibida no como una solución, sino como un síntoma de opacidad institucional.
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, calificó la iniciativa como un ejercicio de «auto-investigación» destinado al fracaso de su propia credibilidad. Para el legislador, el diseño de esta instancia carece de la autonomía necesaria para fiscalizar un operativo que, desde su origen, está plagado de irregularidades operativas y políticas.
La controversia central no solo radica en la pérdida de vidas, sino en la presunta actuación ilegal de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense. Estrada Sotelo denunció que se permitió la operación de fuerzas extranjeras sin los protocolos de autorización formal requeridos por la ley mexicana.
«Chihuahua está entre burlas, pifias y traiciones», sentenció el legislador. «Se permitió que agentes extranjeros actúen en forma ilegal. Habría que preguntarnos si la competencia de estas investigaciones debe ser estatal o si, por su naturaleza internacional, corresponde estrictamente al Gobierno Federal».
Desde una perspectiva técnica, la creación de esta unidad especial parece ser una maniobra de contención política más que un esfuerzo genuino por la justicia. En casos donde se ven involucradas responsabilidades institucionales de alto nivel y actores internacionales, la falta de una fiscalía autónoma e independiente convierte cualquier proceso interno en un escudo defensivo para el Ejecutivo estatal.
En política, cuando la estrategia de defensa sustituye a la rendición de cuentas, la legitimidad se erosiona. El gobierno de Campos Galván se encuentra ahora en una encrucijada: demostrar una transparencia que hasta ahora parece esquiva o confirmar que ha optado por administrar las consecuencias políticas de la crisis en lugar de enfrentar las causas estructurales de la violencia en la Sierra Tarahumara.
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