Zerón enfrenta una orden de aprehensión por la tortura, coalición de servidores públicos y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Zerón enfrenta una orden de aprehensión por la tortura, coalición de servidores públicos y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La FGR acusa a Zerón de haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado por su papel en el caso Ayotzinapa.

Por Ignacio García

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el juicio de amparo que interpuso el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, contra la orden de aprehensión que existe en su contra por su presunta responsabilidad en la tortura, coalición de servidores públicos y desaparición forzada por el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El exfuncionario federal interpuso el recurso ante un tribunal colegiado, mismo que turnó a la Corte, en febrero pasado, después de que un juez federal le negó el amparo en noviembre de 2022, por lo cual se encuentra prófugo y radica en Israel, donde ha logrado eludir a las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Zerón de la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alías El Cepillo, integrante del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, señalado por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Aunque Zerón huyó a Israel, el gobierno de México ha gestionado la extradición del exfuncionario federal, pero al no existir convenio de este tipo entre los dos países, Zerón se mantiene en libertad.

El primer tribunal colegiado del primer circuito de la Ciudad de México remitió el caso a la SCJN para que lo atraiga y decida las reclamaciones que incluyen una impugnación al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se determine si se podrá acoger al amparo iniciado.

El gobierno federal señaló que Zerón fue parte de la fabricación de la denominada “verdad histórica” en la que torturaron a presuntos criminales para confesar su responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y descartar la presunta participación de las autoridades federales en los hechos.

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