El caso surgió por la detención y tortura de 42 indígenas de Pavencul, que pedían la construcción de una carretera.
Por Tomás Rojas Madrid
En el Primer Juzgado Federal radicado en Tapachula, a cargo de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, se celebrará la Audiencia Constitucional del amparo 1614/2022 solicitado por la periodista Cinthya Alvarado Enríquez desde diciembre del 2022, contra la omisión y negativa del Ayuntamiento de Tapachula de cumplimentar la reparación integral del daño por violaciones a sus derechos humanos el día que fuera detenida arbitrariamente y acusada por el delito de daños e incitación a la violencia con uso desmedido de la fuerza y hasta tortura junto con 42 pobladores de Pavencul, la zona indígena de Tapachula.
“Pido que me concedan como parte de derecho a la reparación del daño, el acceso a la verdad, que se sepa la verdad, porque he sido señalada y difamada por hacer mi trabajo. Mientras la reparación de daño integral no se dé, las entidades de gobierno y algunos civiles afines a ellos, me seguirán señalando y ya estoy cansada de fabricación de delitos, de detenciones arbitrarias, y de un prejuicio público sin fundamento, estoy en riesgo y en la indefensión”, dijo la periodista.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CEDH/23/2020-R misma que fue admitida y firmada por el Ayuntamiento en diciembre 2020. En su primer punto establece que sean registrados las victimas en el Registro Estatal de Víctimas ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV) sin que se haya llamado o atendido a ninguno de ellos. Alvarado Enríquez solicitó ser atendida y registrada. Ya que el punto dos establece se haga la reparación integral del daño, en la Comisión de Víctimas estudiaron los aspectos médico, psicológico y socioeconómico que hayan sido dañados amén de las afectaciones a sus derechos humanos. Sin embargo y a pesar que la CEEAV solicitó al Ayuntamiento reiteradas ocasiones durante todo el año 2022 que atendiera a la periodista, no hubo reacción alguna de la autoridad responsable de los daños.
Aunque fue desechado el amparo, la periodista tapachulteca interpuso queja ante el Tribunal Colegiado que admitió el recurso, remarcó la constitucionalidad y obligatoriedad jurídica del Ayuntamiento como autoridad responsable del daño y de su reparación, por lo que ordenó a la Jueza Córdova Rangel reponer el proceso.
“No es cierto el acto reclamado” dice Rosa Urbina en su informe justificado, pero en un oficio explica que cumplieron los puntos 1, 3, 4, 5 y 6, Saltando el 2, de la Reparación del daño, en otro oficio reconoce que “no han hecho pago económico a la víctima Cinthya Alvarado Enríquez”.
El Ayuntamiento presentó diplomas de cursos de derechos humanos y protocolos a los policías, cartas de funcionarios de la clínica de salud a su cargo, designó a un enlace para el asunto, sin embargo nunca contactaron a las víctimas, ni porque la periodista es una persona pública. Por ello, con pruebas de la falta del cumplimiento, la periodista se presentará a la audiencia para solicitar a la juzgadora no dejarla en la indefensión y que el amparo y protección de la ley le ofrezca la vindicación y ordene al Ayuntamiento de Tapachula haga la reparación integral del daño.
En entrevista, Alvarado Enríquez informó que tuvo un encuentro la semana pasada con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, quien le aseguró que giraría instrucciones para que ese pendiente quedara resuelto, ya que esa dependencia no corroboró el debido cumplimiento y la atención a las víctimas, que “muchos de los compañeros indígenas quedaron lesionados y perdieron movilidad por la golpiza sin haber sido atendidos, al contrario, fueron amenazados por sus líderes que no reclamen ni hablen del asunto, o les queman sus casas o les expulsan, como hacen en esa zona”.
Añadió que espera que enseguida den solución a su demanda, la reparación para los pavenculenses sea menos tardado, pero que ellos tienen que solicitarlo, porque es un trámite personalísimo.
México sigue siendo de los 5 países más peligrosos para el periodismo, donde es mayor el riesgo que en Ucrania. El 2022 ha sido el más violento con aumento del 51%, actualmente cada 14 horas un periodista es atacado en México. Según Artículo 19 “el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa” con más del 40% de casos, donde además las mujeres son más vulnerables por la cultura misógina. El caso de Alvarado Enríquez fue muy conocido porque también sufrió discriminación por su activismo e incursión a la política.
Fuente: Latitud Megalópolis
