Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 25 de junio del 2026.- La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos solicitó formalmente a la Inspectoría General del Departamento de Justicia iniciar una investigación interna tras denuncias que señalan a sus agentes por permitir la circulación de cientos de miles de pastillas de fentanilo en Nuevo México.
La solicitud, firmada por el administrador de la DEA, Terry Cole, busca aclarar las tácticas operativas implementadas entre 2023 y 2025. Según investigaciones de The Associated Press (AP), agentes de la agencia optaron por vigilar cargamentos masivos del opioide en lugar de proceder a su incautación inmediata, con el objetivo declarado de estructurar casos penales de mayor alcance.
Sin embargo, la estrategia ha desatado una fuerte controversia por el alto costo social que implica:
- Crítica interna: Exagentes, como David Howell, han calificado estas tácticas como un mecanismo que «envenenó a la comunidad» con tal de construir expedientes judiciales.
- Violación de protocolos: Se cuestiona si estas operaciones contravinieron las normas del Departamento de Justicia diseñadas para salvaguardar a las comunidades frente a sustancias catalogadas por la Casa Blanca como «armas de destrucción masiva».
- Evidencia documentada: Registros oficiales, incluido un informe sobre la entrega vigilada de 74,000 pastillas en un complejo de Albuquerque en 2023, sustentan los señalamientos sobre la omisión deliberada.
A pesar de la apertura a la investigación, el administrador Cole subrayó que el proceso no debe interpretarse como una falta de confianza en la integridad del personal operativo de la agencia. No obstante, la postura de la DEA ha sido ambivalente: mientras la dirección pide transparencia, un portavoz de la agencia calificó previamente como «falsas» las descripciones que sugieren que se permitió conscientemente la distribución del fármaco en las calles.
La presión sobre la agencia federal ha escalado a nivel estatal. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha solicitado al fiscal general de su estado evaluar posibles violaciones a la legislación local, calificando las decisiones operativas de la DEA como «temerarias y peligrosas».
«La DEA sabía que la gente moriría si estas pastillas llegaban a las comunidades de Nuevo México, y aun así la agencia dejó que ocurriera», sentenció Lujan Grisham tras conocerse el alcance de los hechos.
Esta investigación interna representa una prueba crítica para la reputación de la agencia antidrogas, obligándola a responder ante la dualidad entre la efectividad en la persecución del crimen organizado y la responsabilidad ineludible de proteger la salud pública.
