César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, quien se encuentra en prisión preventiva prolongada, enfrentando las acusaciones de un presunto desvío de 96 millones de pesos durante su mandato entre 2010 y 2016, ofreció cerca de 2 mil testigos para el juicio oral. Mientras la Fiscalía General del Estado ha presentado un total de 200 posibles testigos.
La jueza local de Control, Delia Valentina Meléndez, quien supervisa esta etapa del proceso, ha concluido la presentación de pruebas de ambas partes. En la audiencia programada para el miércoles 30 de agosto a las 11:30 a.m. se decidirá cuáles de estos testimonios serán admitidos en el juicio y se establecerá la fecha del mismo.
Además de este caso, Duarte también enfrenta cargos en otra causa penal, en la que se le imputó una vez preso en el Cereso #1 de Aquiles Serdán, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado ha presentado aproximadamente 200 testimonios para respaldar sus acusaciones, principalmente de exfuncionarios del gobierno de Javier Corral, quien lideró los procesos legales contra los aliados de Duarte, y quien ha utilizado tráfico de influencias para mantenerlo en prisión pese a la prolongación de la prisión preventiva y de la precariedad del estado de salud en la que se encuentra el acusado.
Por otro lado, la defensa de Duarte busca citar a casi 2 mil personas para refutar las acusaciones de desvío de recursos. Su estrategia se basa en el respaldo de individuos que ocuparon cargos de alto nivel durante su mandato, no sólo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo y en una Notaría Pública.
Esta extensa lista de testigos propuesta por la defensa requirió dos días de audiencias y tres horas de lectura. Incluye a familiares y conocidos de Duarte, así como a personas con un perfil político destacado, como Raymundo Romero Maldonado, quien fue Secretario General de Gobierno durante parte del mandato de Duarte y enfrentó acusaciones por desvío de recursos en el pasado.
También se busca interrogar a Marcelo González Tachiquín y Ricardo Yáñez Herrera, quienes ocuparon puestos clave en el área de Educación durante el gobierno de Duarte. Además, la defensa pretende citar a exdiputados locales y otros funcionarios públicos en el juicio.
Con estos testimonios, la defensa de Duarte enfrentará las acusaciones que llevaron a su arresto en 2020 en Miami, donde los tribunales estadounidenses desecharon 20 carpetas de investigación por no encontrar elementos incriminatorios, para su posterior extradición a México en 2022. Las acusaciones alegan que desvió fondos públicos a través de programas ganaderos y agrícolas, utilizando diversas entidades financieras, incluyendo una institución bancaria.
La Fiscalía se basa en evidencias que sugieren que gran parte del dinero fue canalizado a través de la Unión Ganadera Regional División del Norte S.A de C.V, que fue creada por Duarte durante su tiempo como diputado federal en 2007. Sin embargo, no existen pruebas sólidas del resultado final de estos programas, aunque hay registros de transferencias de dinero a esta organización.
Otra entidad involucrada es Unión Progreso, de la cual Duarte era uno de los principales accionistas y que se convirtió en banco gracias a depósitos masivos presuntamente realizados desde el gobierno estatal durante su mandato.
