Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 15 de agosto del 2026.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó duras críticas en contra de la actuación de las instancias federales de procuración de justicia, a las que acusó de utilizar las instituciones bajo una lógica de «rentabilidad política».
El pronunciamiento se da en el marco de la revisión de casos legales de alto perfil, donde la mandataria estatal exigió que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia, tomando como referencia la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel.
Durante su intervención, la titular del Ejecutivo estatal enfatizó que, si bien el gobierno a su cargo no busca fungir como un órgano jurisdiccional ni emitir juicios sobre expedientes que no forman parte de su competencia directa, existe una obligación moral e institucional de señalar lo que calificó como un manejo discrecional de la justicia.
Campos Galván sostuvo que las instituciones del Estado mexicano están siendo utilizadas bajo intereses político-electorales, alejándose de los principios de imparcialidad.
La gobernadora denunció que, dentro de los mismos expedientes o causas judiciales similares, se observan criterios de aplicación de la ley completamente distintos según el actor político involucrado.
Subrayó que el reclamo central no es la impunidad, sino el estricto apego al derecho, el respeto a la presunción de inocencia y la protección de los derechos constitucionales de cualquier ciudadano frente al aparato estatal.
El eje central de la crítica de la mandataria se centró en la defensa de los derechos de Ernesto Rufo, argumentando que permitir vulneraciones legales a figuras públicas o disidentes sienta un precedente negativo para el resto de la ciudadanía. Bajo esta premisa, la gobernadora advirtió que la procuración de justicia no debe operar bajo la lógica de calificar a los ciudadanos como «enemigos» políticos, sino garantizar un trato institucional equitativo.
Este discurso agudiza la tensión política entre la administración estatal panista y el ámbito federal, colocando nuevamente sobre la mesa del debate público la discusión en torno a la autonomía de los órganos de impartición de justicia y la rendición de cuentas en el país.
