Por: Estela Malka Ben-amí
Tlaxcala, Tlax., a 7 de abril del 2026.- Mientras el sol aún no asomaba este martes 7 de abril, la respuesta del Estado a la crisis del campo mexicano llegó en forma de gas lacrimógeno y tanquetas de agua. En un operativo quirúrgico iniciado a las 05:00 horas, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros decidió que la vía federal México-Veracruz valía más que el diálogo con quienes producen lo que México consume.
Lo que el lunes comenzó como un grito de auxilio nacional —el paro agrícola y transportista—, en Tlaxcala se transformó en una escena de represión que evoca los peores episodios del autoritarismo local. La misma tanqueta que en 2023 se usó para silenciar la marcha de las mujeres, hoy fue desplegada en Nanacamilpa para sofocar la resistencia de agricultores y transportistas.
La narrativa oficial intentó disfrazar el desalojo de «conciliación». Un representante de la oficina de Gobernación federal se presentó con una oferta que, a estas alturas de la crisis, suena a burla: una mesa de diálogo para el próximo lunes. Ante la negativa de los campesinos —quienes ya tienen sus títulos agrarios empeñados y sus tractores sitiados por la deuda—, el Estado activó el protocolo de fuerza.
Poco antes de las 06:00 horas, el aire se volvió irrespirable. Entre nubes de gas y chorros de agua a presión, los granaderos iniciaron una cacería que, según transmisiones en vivo de los propios manifestantes, dejó un saldo de detenciones arbitrarias y paraderos desconocidos.
Emigdio Taboada, portavoz del movimiento en la entidad, no anduvo con rodeos: calificó la acción como una «canallada cobarde». La responsabilidad de la integridad física de los productores recae ahora directamente sobre la administración de Cuéllar y el Gobierno Federal, quienes en lugar de desmantelar el sistema de asfixia económica (el IEPS, la falta de banca de desarrollo y la inseguridad en rutas), optaron por desmantelar el derecho a la protesta.
El vocero estatal, Antonio Martínez Velázquez, se apresuró a celebrar el «restablecimiento de la circulación». Sin embargo, lo que se despejó en las carreteras se ensanchó en la brecha social. En Tlaxcala, como en las otras 12 entidades en paro, la demanda es clara: salir del T-MEC en granos básicos y eliminar el IEPS.
El gobierno puede limpiar la asfalto con tanquetas, pero no puede borrar con gas lacrimógeno la realidad de un campo que ya no aguanta más. La pregunta que queda en el aire, tan densa como el gas de esta mañana, es: ¿Cuántos bloqueos más puede el Estado «disolver» antes de que la crisis alimentaria y de transporte sea irreversible?
