Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 21 de febrero del 2024.- Bajo la administración de Francisco Garduño Yáñez, el Instituto Nacional de Migración (INM) convirtió los centros de detención migratoria en un negocio millonario para al menos tres empresas extrañas, a las cuales entregó contratos por adjudicación directa, de manera irregular y con diversas anomalías en los servicios.

Así, el INM adjudicó directamente 545 millones 532 mil pesos a una empresa de apenas 11 trabajadores para instalar “albergues y puntos de revisión migratoria” en el país, en un proceso de contratación lleno de irregularidades, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En un informe, producto de su revisión a la Cuenta Pública 2022, la ASF determinó que la empresa Grupo Caufi, que recibió el dinero del INM, solamente contaba con 11 empleados registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en 2022, y observó que nunca había recibido contratos gubernamentales mayores a un millón de pesos antes de esta asignación multimillonaria.

La ASF también expresó sus dudas sobre los servicios que prestó la empresa, pues los entregables que le proporcionó el INM solo consistían en “actas de entrega-recepción de entera satisfacción” con escasa información, y que daban cuenta de acciones de supervisión. Al revisar las 184 facturas de la empresa al INM, la ASF observó que los documentos “no contaron con los requisitos fiscales” y que “sólo se enunciaron de forma general el objeto señalado en los contratos celebrados”.

El INM justificó la entrega del contrato a Grupo Caufi por adjudicación directa con el pretexto de la seguridad nacional, argumento inválido según la ASF, pues el anexo técnico no contemplaba información sobre su infraestructura tecnológica y de seguridad.

La ASF también determinó que el INM incurrió en otras irregularidades en la entrega, por adjudicación directa, de un contrato de 151 millones 439 mil pesos a la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa para la custodia de los centros de detención migratoria que la institución opera en el país.

Esta empresa se volvió tristemente célebre en marzo de 2023, pues estaba a cargo de la vigilancia del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez cuando éste se incendió. Los custodios contratados por la empresa, junto con los agentes del INM, huyeron del recinto y dejaron a los migrantes encerrados en la celda común, lo que les impidió escapar del fuego. 39 de ellos fallecieron.

Al igual que Grupo Caufi, la empresa de seguridad privada solo contaba con cuatro trabajadores registrados ante el IMSS cuando el INM le dio el contrato, y ello, a pesar de que la institución requería 503 custodios. De acuerdo con la ASF, Camsa se podía considerar una “microempresa”, que no correspondía al perfil que necesitaba el INM, y que tenía las características de una empresa fantasma, pues el domicilio que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) era un inmueble desocupado.

Aparte, la ASF expresó sus reservas sobre el perfil de los custodios subcontratados por la empresa, pues “el proveedor no entregó los expedientes de los elementos de seguridad que prestaron el servicio, ni tampoco fueron solicitados; en consecuencia, el INM no acreditó contar con la documentación necesaria para verificar la capacitación, edad y escolaridad de los elementos que prestaron el servicio de seguridad y vigilancia”.

Y no es todo: la ASF se percató que el INM simuló un estudio de mercado para adjudicar el contrato, pues las empresas “competidoras” de Camsa –llamadas Look Out Corp y Rad-U Seguridad Privada—forman parte de una misma nebulosa de compañías que se transfieren recursos y comparten representantes legales. De hecho, Camsa trianguló cerca de 80 millones de pesos del INM a varias de estas empresas, incumplidoras todas de sus obligaciones fiscales.

El mismo esquema se repitió con la contratación de la empresa Asbiin, a la que el INM envió 81 millones de pesos para los servicios de “lavandería, limpieza a higiene” en las estaciones migratorias, la cual no estaba presente en el domicilio que reportó ante el SAT, y no presentó su declaración anual de impuestos en 2022.

Con información de Proceso.

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