Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Topolobampo, Sin., a 30 de abril del 2026.- Lo que el pasado 23 de abril parecía un discurso protocolario en la colocación de la primera piedra de Pacífico Mexinol, hoy se lee como el acta de defunción política de la administración de Rubén Rocha Moya. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, no solo advirtió sobre la corrupción; prácticamente anunció que el operativo judicial de la Fiscalía de Nueva York estaba en marcha.
Ante un gobernador que aún se sentía intocable, Johnson lanzó una advertencia que hoy retumba en los pasillos del poder: «La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay».
En un tono inusualmente directo para la diplomacia, Johnson recordó que el tratado comercial USMCA (T-MEC) obliga a los gobiernos a tipificar el soborno y la corrupción como delitos graves. Pero lo que causó un silencio sepulcral fue su frase final sobre el tema:
“Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”, soltó el embajador apenas seis días antes de que se revelara el patrocinio de «Los Chapitos» a la campaña de Rocha Moya.
El diplomático fue enfático al señalar que ninguna empresa estadounidense, como Mexinol, comprometerá 3.3 mil millones de dólares en lugares donde la rendición de cuentas es «opcional». Para Washington, la corrupción en Sinaloa no solo era un problema moral, sino un «obstáculo directo» para la seguridad energética de América del Norte, una prioridad absoluta para la administración Trump.
Mientras el embajador invocaba los principios de libertad y fe del aniversario Freedom 250, el expediente criminal en Nueva York ya estaba sellado. La mención de Johnson sobre que las empresas avanzan «con mayor rapidez que los gobiernos» fue el preámbulo de lo que vendría después: la justicia estadounidense rebasando por la izquierda a las instituciones mexicanas para evidenciar el narco-gobierno sinaloense.
Hoy, con la visa cancelada y el nombre de Rocha Moya en los expedientes de la Corte del Distrito Sur de NY, las palabras de Johnson cobran un peso histórico: el embajador no fue a Sinaloa a poner una primera piedra, fue a leerle los derechos a un gobernador que ya estaba bajo la mira de la justicia.
