Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 28 de abril del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído formalmente las investigaciones sobre la tragedia en la Sierra del Pinal, Chihuahua, elevando el caso a un asunto de seguridad nacional
En un comunicado que escala la tensión entre la Federación y el Estado, la FGR confirmó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente agentes de inteligencia, y reveló que la administración estatal operó al margen de las autoridades federales durante meses.
El «golpe» a la transparencia local la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), dejó en claro que la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sobre el narcolaboratorio en los límites de Morelos y Guachochi se realizó sin su conocimiento. Fue hasta después de la tragedia del 19 de abril cuando la institución federal tuvo noticia de lo que Chihuahua calificó como una «indagatoria de meses».
Incluso, la FGR señaló que tuvo que hacer «peticiones reiteradas» para que el gobierno estatal entregara copia de la carpeta de investigación local, la cual apenas llegó a sus manos el día de ayer.
Dada la gravedad de la presencia de agentes extranjeros en una instalación clandestina de drogas, la FGR determinó que el caso sea llevado por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.
El objetivo es determinar si se cometieron delitos que vulneren la seguridad nacional y deslindar responsabilidades sobre quién autorizó y bajo qué términos operaban estos agentes en territorio chihuahuense.
Dos líneas de investigación La autoridad federal mantiene abiertos dos frentes:
El hallazgo y operación de la instalación de narcóticos sintéticos.
La «noticia criminal» derivada de la rueda de prensa del fiscal estatal y la información compartida en la Mesa de Seguridad, donde se destapó el escándalo de los agentes estadounidenses.
Con esta intervención, la FGR no solo busca esclarecer las muertes, sino auditar la actuación de las autoridades de Chihuahua, quienes ahora se encuentran bajo el escrutinio federal por la presunta omisión de informar sobre operaciones con agencias extranjeras en suelo mexicano.
