Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 28 de abril del 2026.- El corazón de la producción de manzana en México, ubicado en las fértiles tierras de Chihuahua, enfrenta una amenaza que no proviene del clima ni de las plagas, sino de los recibos de luz. El sector frutícola del estado, responsable del 85.2% de la producción nacional, se encuentra atrapado en una laguna regulatoria que lo obliga a pagar tarifas industriales por procesos que, aseguran, son estrictamente agrícolas.
El diputado Jaime Torres Amaya (PAN) llevó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido al Gobierno Federal para exigir que la refrigeración postcosecha sea reconocida legalmente como parte del proceso productivo del campo. Actualmente, los 138 frigoríficos que mantienen viva la competitividad de la manzana chihuahuense son clasificados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como industrias, una etiqueta que ha disparado los costos operativos y ha generado una deuda acumulada que ya ronda los 200 millones de pesos.
“No estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo que se reconozca una realidad productiva”, sentenció Torres Amaya. El argumento es técnico pero de impacto social profundo: sin refrigeración, la manzana —que se cultiva en más de 32 mil hectáreas— no sobrevive al mercado, y con ella, se pondrían en riesgo los 15 millones de jornales que el sector genera anualmente.
La crisis eléctrica no solo afecta a los grandes empresarios. En municipios como Cuauhtémoc, Guerrero, Bachíniva, Namiquipa y Carichí, la economía local respira al ritmo de la postcosecha. La falta de un suministro estable y las tarifas prohibitivas amenazan con mermar la competitividad de un producto que es orgullo chihuahuense, mientras los productores enfrentan un endeudamiento que parece impagable bajo las condiciones actuales.
La propuesta del legislador no solo busca una tregua en los cobros, sino una reestructuración de la política pública hacia el campo. El exhorto plantea la creación de convenios de regularización para atender el pasivo de 200 millones de pesos y, sobre todo, una actualización de la normativa energética que entienda que el campo moderno no termina en el surco, sino que requiere de tecnología y frío para alimentar al país.
Mientras la CFE mantiene su postura recaudatoria, el campo chihuahuense espera que la Federación reconozca que, en la lucha por la soberanía alimentaria, la energía debe ser un aliado y no el verdugo de los productores.
