Por Cinthya Alvarado Enríquez
José Luis Moyá Moyá, asesor en temas de Transparencia y Anticorrupción, estima que en la Ciudad de México existe un mecanismo por el que la renta de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, así como para la extinta Policía Federal Preventiva, habría amparado un posible fraude del orden de los 5 mil millones de pesos, gracias a contratos de arrendamiento en los que se cobran cantidades superiores a los precios de mercado en el arrendamiento de vehículos utilitarios.
Moyá estima estas cifras gracias a su análisis de los datos de los sistemas de Transparencia de la Contraloría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal. Lo que se desprende de esos datos es el pago por servicios a precios muy por encima de los valores de mercado, además de la evasión multimillonaria de impuestos. Uno de los elementos de prueba es que, aun cuando las empresas están obligadas a llevar a cabo los trámites por cada vehículo arrendado, ni el anterior secretario de la SSC de la Ciudad de México, Jesús Orta, ni el actual, Omar García Harfuch han obligado a las empresas a cumplir esa obligación, a pesar de que ya han pagado los contratos.
En el caso de la extinta Policía Federal Preventiva, se trata de mil 500 patrullas pagadas a un precio de 2.7 millones por cada vehículo. Esas operaciones ocurren desde 2019. A pesar de prestar un servicio público fundamental, carecen de los documentos que los «den de alta» en ese servicio; tampoco cuentan con placas, no hay registros de que paguen las tenencias o sus equivalentes o de que, por alguna razón, hubieran sido exentados del pago de ese derecho. Tampoco hay registros de que cumplan con la obligación de realizar las verificaciones semestrales para garantizar que no contaminen al circular.
En la Fiscalía y Policía capitalinas ha sido posible identificar tres contratos de arrendamiento de patrullas en por un valor total de tres mil 300 millones. Esas cantidades amparan la renta de mil 850 patrullas a 2.1 millones de pesos por cada vehículo. De manera adicional, existen dos contratos, cada uno por mil millones de pesos, que amparan la renta de 810 vehículos cada uno, bajo el mismo esquema en el que, además del sobreprecio respecto de los valores de mercado, las empresas arrendadoras no dieron de alta los vehículos, no generaron placas, ni pagaron tenencias. Tampoco hay evidencia de que hayan realizado las verificaciones en estos tres últimos años. Las placas que tienen los vehículos oficiales fueron mandadas a hacer en la empresa COMISA, en lugar de haber sido tramitadas ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, como ocurre con cualquier otro vehículo.
Luego de que Moyá Moyá realizara esta denuncia, el investigador haya sido denunciado penalmente por Isabel Miranda Torres, que lo acusa de extorsión, sin pruebas, como represalia por haber expuesto las operaciones entre empresas del Grupo Andrade, las arrendadoras de las patrullas y entidades de seguridad pública. Además, el Grupo Andrade ha desatado una campaña en contra de Moyá.
Grupo Andrade es, en sus orígenes, una de las concesionarias más importantes de la Ford Motor Company en la Ciudad de México. Es decir, tienen intereses en el ramo automotriz y son, al mismo tiempo, propietarios de El Heraldo de México (El Heraldo Media Group), además de contar con vínculos de distinta naturaleza con los diarios El Universal, La Razón, Reporte Índigo y Eje Central, además de intereses en estaciones de radio. Como parte de esa campaña, han acusado a Moyá de ser un «presunto extorsionador».
Como ha documentado ampliamente Guadalupe Lizárraga en El falso caso Wallace, Miranda Torres demandó a distintas personas con acusaciones falsas, pero que contaban con el apoyo de autoridades federales y locales. Una de esas personas es José Luis Moyá. A él lo señaló como secuestrador. A pesar de la violenta campaña en su contra, Moyá refutó una por una las acusaciones de Miranda Torres y demostró que era inocente, por lo que no hubo acción penal en su contra. Otros no han corrido con la misma suerte, por lo que siguen presos aún habiendo demostrado graves faltas al debido proceso.
