Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 28 de octubre del 2026.- Mediante una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), senadores del bloque oficialista y aliados proponen devolver al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad colegiada para nombrar mandos clave, reconociendo abiertamente que la reforma de 2024 alimentó la opacidad y los conflictos de interés en el órgano electoral.
Es de esa forma que en una sorpresiva autocrítica legislativa, los senadores Javier Corral Jurado, Susana Harp Iturribarría (de la bancada de Morena) y Amalia García Medina (Movimiento Ciudadano) presentaron una iniciativa conjunta para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La propuesta busca eliminar la facultad unipersonal de la Presidencia del INE para designar libremente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, obligando a devolver dicha responsabilidad al pleno del Consejo General.
El proyecto plantea modificar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la presidencia del instituto vuelva a limitarse a proponer los perfiles ante el órgano colegiado, requiriendo de nuevo la aprobación por mayoría calificada de ocho votos de las consejerías para ratificar cualquier nombramiento.
El punto de mayor inflexión política de la presentación corrió a cargo del exgobernador chihuahuense y actual senador Javier Corral Jurado, quien reconoció sin ambajes la responsabilidad del partido oficialista en la crisis institucional que atraviesa la autoridad electoral.
“Morena está obligado a asumir su corresponsabilidad en el lamentable y vergonzoso episodio que acabamos de vivir en el INE, pues la reforma que dio poderes casi absolutos a la ahora expresidenta Guadalupe Taddei aquí se incubó, y con ello, se favorecieron las condiciones para esa corrupción y conflicto de intereses”, aseveró el legislador ante los medios de comunicación.
De acuerdo con los promoventes, la eliminación del contrapeso colegiado mermó la confianza en la institución, favoreció designaciones cuestionables y debilitó los controles técnicos que garantizaban la idoneidad y profesionalismo de las áreas estratégicas de la democracia mexicana.
La iniciativa impulsada por Corral, Harp y García contiene aristas de profundo impacto institucional y político que exigen un análisis a fondo:
- La admisión implícita del fracaso legislativo: La reforma aprobada en 2024 —promovida por la propia mayoría oficialista— blindó operativamente a Guadalupe Taddei dándole atribuciones verticales para destrabar parálisis presupuestales y operativas. Que los mismos legisladores que respaldaron el proyecto o sus plataformas admitan hoy que esa hipertrofia ejecutiva provocó «corrupción y conflicto de intereses» exhibe la falta de visión técnica de las reformas impulsadas al vapor en la legislatura saliente.
- El pragmatismo de la «colegialidad»: Restituir la exigencia de ocho votos (mayoría calificada) para nombrar directores en el INE ataca directamente la discrecionalidad actual. Sin embargo, abre interrogantes sobre si esta movida responde a una convicción genuinamente democrática de los senadores o a la urgencia política de arrebatarle el control absoluto del aparato electoral a un grupo de interés específico tras los recientísimos escudriñamientos públicos al entorno de la presidencia del instituto.
- Sintonía con la Presidencia: Al citar que la propia Presidenta de la República ha sugerido devolver la colegialidad al INE, el grupo impulsor busca legitimidad para corregir la plana dentro del Congreso. Resta ver si el resto de la bancada mayoritaria respaldará el reconocimiento del «error» o si el intento de devolver el contrapeso colegiado quedará atascado en el cálculo político interna.
