La controversia en el Senado por intento de transformar la CURP apunta a su inconstitucionalidad.
En el Senado de la República, se encuentra en proceso legislativo una iniciativa para promulgar una nueva Ley General de Población, que busca abrogar la ley vigente desde 1974.
Si bien esta iniciativa pretende actualizar la normativa relacionada con la política de población en México y reorganizar las disposiciones tras la derogación de varios artículos relacionados con cuestiones migratorias, ha generado controversia por su intento de transformar la Clave Única del Registro de Población (CURP) en un documento de identidad nacional para la ciudadanía mexicana.
La propuesta ha generado debate en los medios debido a la falta de claridad en cuanto a la diferencia conceptual entre una «clave» y una «credencial». La CURP se creó originalmente como una clave única para identificar a las personas en el registro de población, pero ahora se busca agregarle la fotografía, lo que la convertiría en un documento de identificación más allá de su función original.
Además de esta cuestión, otro punto de controversia radica en la ausencia de reflexión constitucional sobre a qué ámbito del Estado le corresponde la función de conformar y administrar el Registro Nacional de Ciudadanos y expedir el documento que acredite esa calidad. Hasta ahora, el Padrón electoral y la credencial para votar han desempeñado ese papel, y algunos argumentan que esta iniciativa podría vulnerar la independencia y la integridad del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque la iniciativa busca modernizar la legislación relacionada con la población y las cuestiones migratorias, sus implicaciones en términos de identificación y administración de registros han suscitado un intenso debate en el Senado y entre diversos sectores de la sociedad mexicana. El proceso legislativo continuará, y se espera que se aborden estas preocupaciones antes de su eventual aprobación.
