Por: Redacción.
Chihuahua, Chih., 28 de junio de 2026.- Un reciente reportaje de The New York Times, elaborado en conjunto con Puente News, ha puesto al descubierto una dinámica política de alta tensión: al menos una docena de funcionarios y legisladores mexicanos, en su mayoría ligados al partido Morena, han establecido canales de comunicación confidenciales con autoridades estadounidenses.
La investigación señala que estos acercamientos se intensificaron a finales de abril de 2026, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —incluyendo al exgobernador Rubén Rocha Moya— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El reporte añade elementos de presión adicionales como una iniciativa de la DEA para contactar de manera privada a funcionarios mexicanos y persuadirlos de colaborar.
El flujo de información proveniente de integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en EE. UU. y de otros 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados por México a territorio estadounidense en los últimos 18 meses, quienes han comenzado a cooperar con fiscales federales.
El análisis crítico de este fenómeno sugiere una dualidad preocupante donde The New York Times, sostiene que muchos de estos funcionarios buscan anticiparse a posibles investigaciones en su contra, lo cual plantea dudas sobre si su colaboración responde a una vocación de justicia o a una estrategia de salvaguarda personal.
Ante estas circunstancias, la postura oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido de descalificación hacia los señalamientos, insistiendo en que cualquier indagatoria debe realizarse mediante mecanismos de cooperación bilateral y con estricto respeto a la soberanía nacional.
Este reporte evidencia una fractura en la disciplina partidista y una profunda desconfianza en la relación bilateral. Mientras la administración federal enfatiza la soberanía, la realidad expuesta sugiere que, en el terreno de los hechos, el temor a la justicia estadounidense está logrando que diversos funcionarios busquen, por cuenta propia, una salida frente a las acusaciones de corrupción y vínculos criminales.
