Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 13 de mayo del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Estado mexicano ha otorgado protección oficial al gobernado con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se encuentra bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., por su vinculación con la estructura operativa del Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo justificó la seguridad especial como una medida estándar ante «algún riesgo», evitando profundizar en la naturaleza de las amenazas que enfrenta el sinaloense. Sin embargo, la defensa de la mandataria fue más allá de la integridad física: defendió la validez de la elección de 2021, un proceso que hoy es reexaminado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante presuntas intervenciones del crimen organizado en las urnas.
“La elección se validó”, sostuvo Sheinbaum Pardo, en lo que analistas interpretan como un esfuerzo por blindar institucionalmente a uno de los baluartes de su partido, a pesar de que el Tribunal Electoral confirmó el triunfo en un contexto de violencia generalizada.
La solicitud de licencia de Rocha Moya no es un trámite administrativo ordinario, sino la consecuencia de una acusación formal en Washington que vincula a altos funcionarios de Sinaloa con la facción de «Los Chapitos». Según el Departamento de Justicia, el esquema de corrupción permitió el flujo de información sensible y el transporte de drogas hacia el norte a cambio de sobornos millonarios.
A pesar de que Sheinbaum Pardo afirmó no tener conocimiento de investigaciones abiertas contra el gobernador con licencia, la realidad judicial parece ser otra. La Fiscalía de Asuntos Internacionales ya ha solicitado formalmente a Estados Unidos los detalles del expediente que vincula a Rocha con la red de protección del cártel, mientras que la FGR reactiva carpetas sobre la elección de 2021 que habían permanecido dormidas.
La protección otorgada a Rocha Moya coloca a la administración de Sheinbaum en una posición delicada. Mientras la DEA y el Departamento de Justicia intensifican su «atención especial» sobre funcionarios mexicanos —como se ha visto también en el caso de Chihuahua con el CIA-Gate—, el resguardo oficial de Rocha podría ser interpretado en Washington no como un acto de seguridad, sino como un obstáculo a la justicia internacional.
En este complejo tablero de ajedrez político, la figura de Rocha Moya se ha convertido en el símbolo de una crisis sistémica donde las fronteras entre el poder político y el crimen organizado parecen haberse desvanecido bajo el manto de la impunidad institucional.
