Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 13 de mayo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) rompió el silencio sobre el operativo en el municipio de Morelos y sus revelaciones son devastadoras para el Gobierno del Estado de Chihuahua. En un comunicado oficial, la Federación no solo denunció irregularidades procesales graves, sino que confirmó una línea de investigación por posibles delitos contra la Seguridad Nacional y la invasión de competencias exclusivas del Gobierno de la República.
La FGR aclaró que la investigación por el narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara inició apenas por una «comunicación telefónica» de las autoridades locales el pasado 18 de abril, después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado por la Fiscalía del Estado.
Lo más grave, según el informe federal, es que al llegar al sitio, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se toparon con un escenario viciado: las autoridades locales no entregaron cadena de custodia del área, ni de los indicios, ni de las sustancias localizadas. Esta anomalía fue registrada formalmente en la carpeta federal, sugiriendo una manipulación o manejo indebido de la escena del crimen.
Mientras el narcolaboratorio sigue bajo resguardo, la FGR informó que la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos lidera la indagatoria por delitos de Seguridad Nacional. Aunque la mayoría de los citados ya declararon, siete personas se negaron a asistir, por lo que ya fueron convocadas bajo advertencia legal.
La FGR fue tajante: la Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación en casos de delincuencia organizada. La presencia de agentes extranjeros y la ejecución de operativos de este calado sin coordinación federal son vistos ahora como una violación directa al diseño constitucional.
En un párrafo que parece llevar dedicatoria directa tras el escándalo de la convivencia con agentes de la CIA, la FGR recordó que las entidades federativas tienen estrictamente prohibido celebrar alianzas o coaliciones con otros estados o países.
Esta nueva línea de investigación busca determinar si el Gobierno de Chihuahua invadió atribuciones de política exterior y seguridad nacional, lo que coloca a los mandos de la FGE —y potencialmente a niveles superiores del gabinete— en una situación jurídica sumamente comprometida.
