El lunes 27 de enero de 2020, la periodista independiente Cinthya Elena Alvarado Enríquez, fue detenida, golpeada, torturada e indiciada como «incitadora a la violencia» por dar cobertura en vivo a manifestantes de la etnia Mam de la zona norte de Tapachula, quienes exigían la reparación de la carretera al Ejido Pavencul, límite norte con Guatemala.En ese evento, el presidente municipal Óscar Gurría Penagos, ya fallecido, y su secretario de Seguridad pública, Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, decidieron reprimir con gases lacrimógenos y detención con exceso de violencia a los indígenas y periodistas. Sin embargo, a Cinthya Alvarado la humillaron, la exhibieron en los medios como «delincuente» e intentaron encarcelarla en el centro penitenciario El Amate, cerca de San Cristóbal de las Casas, a siete horas de Tapachula, como medida represiva por sus actividades de investigación periodística, denuncia y cobertura a ciudadanos demandantes.
Luego de torturarlos en el sótano del edificio de Palacio municipal, la policía presentó cargos de incitación a la violencia y daños contra la sociedad tapachulteca en contra de 43 personas. El representante jurídico del Ayuntamiento con poder en mano, otorgado por la entonces síndico Rosa Irene Urbina Castañeda, inició la denuncia contra los 42 indígenas y contra la periodista, quienes serían trasladados esa noche del 27 de enero al centro de reclusión El Amate.
Al mismo tiempo, los activistas de derechos humanos Luis Rey García Villagrán e Irineo Mujica se encontraban en reunión con el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien al enterarse del evento llamó al gobernador Rutilio Escandón, quien ordenó frenar el traslado. Los detenidos fueron liberados a las 24 horas con la amenaza de que si volvían a reunirse o a reclamar, estaba una carpeta de investigación en su contra.
El amigo del expresidente municipal Gurría, entonces fiscal de la región Istmo Costa, Olger Villanueva, antes de liberar a la periodista Cinthya Alvarado le dijo: “te recomiendo no andar en reuniones ni revueltas, mija, porque hay fotos tuyas donde le estás diciendo a la gente que se rebele”. La periodista respondió: «señor fiscal, yo tengo videos en vivo, en tiempo real donde llamé a los pavenculenses a resolver con el diálogo y no con violencia».
Represión e indiferencia del gobierno municipal
La administración municipal de Óscar Gurría, del Partido MORENA, ya había reprimido a otros grupos de ciudadanos que demandan ayuda, desde vendedores ambulantes, tricicleros, recolectores de basura y pepenadores, así como a maestros y padres de familia de Puerto Madero.
Entre 2018 y 2019 se registraron asesinatos y asaltos de forma creciente y “organizada”, lo que sacó a muchos ciudadanos a marchar para exigir seguridad. Ese periodo, la periodista Cinthya Alvarado reveló contratos fraudulentos de 30 camiones de basura, a los que le había puesto un sobreprecio de hasta 119 mil pesos cada uno al mes, cuando el costo normal era de 65 mil. Tras sus publicaciones y denuncias, la periodista volvía a ser acosada y amenazada hasta la detención del presidente municipal por corrupción y violencia.
Dos diputadas locales, Olvita Palomeque y Olga Luz Espinoza, reclamaron por los abusos, golpes y ataques a las libertades por parte de Gurría y su síndico. Por lo que el 20 de febrero 2020 comparecería el presidente de Tapachula ante tribunales por juicio político, con la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Sin embargo, ese día Óscar Gurría murió de un ataque al corazón, o al menos esa fue la información oficial, para dejar en su lugar a la síndico Rosa Irene Urbina Castañeda.
El laberinto de la reparación del daño
En diciembre 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación REC-CEDH/23/2020-R que fue firmada y aceptada por la presidente sustituta Rosa Irene Urbina Castañeda como representante de la autoridad responsable de los hechos violatorios de los derechos humanos de las víctimas del 27 de enero, el Lunes negro, como lo llamaron los medios locales.
La recomendación conmina a la autoridad en los puntos 1 y 2 a buscar, registrar ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Ayuda a Víctimas CEEAV, para dar paso a la reparación integral del daño. En los puntos 3, 4, 5, y 6, tratan de que capacite a los policías para evitar el uso excesivo de la fuerza y apliquen protocolos, así como cursos en derechos humanos y para asegurar el respeto a la libre manifestación.
Sin embargo, a dos años y medio de los acontecimientos, la periodista Cinthya Alvarado ha continuado en luchas legales para que los responsables paguen por dichos abusos, la denuncia ante la FGR y atraída por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión FEADLE, ha tenido un lento avance pero hay 15 personas vinculadas a proceso, entre éstos, policías y el ex secretario de Seguridad pública.
Nadie más ha sido llamado a rendir cuentas para que se esclarezca quién dio la orden de atacar, torturar y fabricar delitos a las víctimas. Cinthya Alvarado Enríquez ha exigido públicamente a la presidente Rosa Urbina cerrar el tema con la reparación del daño, y en respuesta ha sido blanco de campañas de desprestigio por órdenes de la misma funcionaria, con adjetivos que señalan a la periodista de «alborotadora», «desestabilizadora».
La presidente municipal Rosa Urbina se ha negado a pagar la reparación del daño a las víctimas de tortura y fabricación de delitos, ignorando que los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de Derechos Humanos y en específico en cuanto a la Reparación del Daño a víctimas adquieren rango constitucional.
La funcionaria municipal también ha reiterado su acuerdo en la represión de los ciudadanos, y mandó a comunicadores contratados por el Ayuntamiento publicar y compartir notas denigrantes en contra de Cinthya Alvarado, a quien señaló de «vil extorsionadora”, revictimizando a la periodista, además de hacer acuerdos irregulares con la parte jurídica de fiscalías, juzgados y hasta abogados de la víctima, quien ha tenido que cambiar cuatro veces de defensores.
Nuevas demandas de amparo negadas a Cinthya Alvarado
El pasado 5 de diciembre, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito en materia penal con sede en Tapachula contra la CEEAV y la presidente de Tapachula Rosa Irene Urbina por el incumplimiento de la Recomendación que dos años antes quedó firmada y aceptada ante diversas autoridades judiciales.
No obstante, la recomendación tocante a las víctimas se ha dejado de lado por decisión de la presidente municipal y que con la falta de oficio de CEEAV y CEDH envueltos en trámites jurídicamente burocratizados han prolongado indefinidamente la justicia.
A pesar de que la periodista ofreció 19 pruebas de los daños ocasionados en su persona y que dan veracidad del acto reclamado, la negativa de la presidente municipal Rosa Urbina de reparar el daño de manera integral a las víctimas y el acoso que ha desatado en contra de la periodista ha sido respaldado por la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel y su Secretario de Acuerdos Pedro Castillo Castañón, al negar la demanda de amparo para obligar a la funcionaria a que cumpla su deber. La jueza aduce «formatos y enredos legaloides», pero de la justicia nada.
