Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 26 de abril del 2025.- En el epicentro de la creciente disputa constitucional entre el Gobierno Federal y el estado de Chihuahua, una serie de declaraciones del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez han emergido como la prueba central de la controversia. La admisión de una «colaboración diaria» con agencias de inteligencia de Estados Unidos no solo ha provocado la molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino que plantea interrogantes sobre la autonomía de las entidades federativas en materia de seguridad nacional.
La mandataria federal calificó el actuar del gobierno de María Eugenia Campos Galván como una «falta grave», argumentando que la solicitud de intervención extranjera al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores contraviene la Constitución mexicana. «La falla principal está en el gobierno estatal», sentenció Sheinbaum, señalando una ruptura en el orden jerárquico y diplomático del país.
La estrategia de seguridad de Chihuahua, articulada a través de la Plataforma Centinela, contempla un Centro Internacional de Fusión de Inteligencia diseñado para operar con tecnología de reconocimiento facial y análisis de patrones delictivos. Para Loya Chávez, esta estructura no representa un acto de intervencionismo, sino un «colaboracionismo» necesario frente a lo que describe como un «monstruo de mil cabezas».
«Yo diariamente hablo en temas de colaboración con las agencias de los Estados Unidos. Diariamente», afirmó Loya en una reciente entrevista. «Para atacar a la delincuencia organizada, necesitamos de toda la colaboración posible».
Sin embargo, el secretario fue más allá al validar la retórica de Washington que califica a los cárteles mexicanos como terroristas, afirmando que, si dicha etiqueta ayuda a erradicarlos, es bienvenida. Esta postura marca una divergencia radical con la política exterior del Gobierno de México, que históricamente ha rechazado tales designaciones por considerarlas un preludio a la intervención militar.
Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Loya Chávez es el reconocimiento de que agencias estadounidenses han evaluado directamente a la policía estatal ante la percepción de contar con corporaciones «débiles». Según el funcionario, este escrutinio extranjero es lo que ha permitido construir la confianza necesaria para el flujo de inteligencia.
El reconocimiento de que estas operaciones «ya han ocurrido» en territorio chihuahuense, sumado a la reciente muerte de agentes vinculados a la CIA en la Sierra Tarahumara, coloca a la administración de Campos Galván en una posición vulnerable. La pregunta que ahora resuena en los círculos legales de la capital del país es si la desesperación por la violencia justifica la creación de una diplomacia de seguridad paralela que desafía los cimientos de la soberanía nacional.
