
Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 28 de abril del 2026.- La crisis diplomática y de seguridad que emana de las montañas de Chihuahua ha llegado al despacho presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga abierta y profundice la investigación sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, advirtiendo que la soberanía nacional no es negociable.
Pese a la renuncia de César Jáuregui Moreno a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua —tras admitir «omisiones» que permitieron a los agentes extranjeros operar fuera de los mecanismos de control—, Sheinbaum fue enfática: la salida del funcionario no detiene la búsqueda de justicia. «Tiene que aclararse todo… lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional», sentenció la mandataria durante su conferencia matutina.
Los hechos, que se mantuvieron bajo un velo de opacidad hasta que un accidente fatal el pasado 19 de abril los expuso ante la opinión pública, revelan una trama de inteligencia paralela. Dos agentes de la CIA, uno con pasaporte diplomático y otro como visitante, murieron al despeñarse su vehículo en la zona limítrofe entre Chihuahua y Sinaloa.
Informes de la Unidad Especializada en Chihuahua confirman que estos elementos operaban bajo un esquema de «anonimato táctico»: sin insignias, con el rostro cubierto y sin el conocimiento de los mandos superiores de la Secretaría de Seguridad federal. La admisión de la fiscal Wendy Chávez sobre una «colaboración extraoficial» sugiere que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) operó una estructura de inteligencia ajena a los protocolos bilaterales de México y Estados Unidos.
La postura presidencial ocurre en un momento crítico, coincidiendo con la negativa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de comparecer ante el Senado de la República para explicar estos hechos. Mientras el Gobierno del Estado invoca la «confidencialidad» para evitar el escrutinio legislativo, el Gobierno Federal presiona por una transparencia total que determine quién autorizó la presencia de la CIA en el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara.
Este caso no solo ha provocado el colapso de la cúpula de seguridad en Chihuahua, sino que amenaza con reescribir las reglas de cooperación con Washington, bajo la premisa de que ninguna agencia extranjera puede operar en las sombras del territorio nacional.
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