Por: Estela Melka Ben-Ami.
Ciudad de México., a 5 de agosto de 2026. — A más de un mes de los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, la cifra oficial de víctimas mortales ascendió a 6,125, tras la suma de 579 nuevos fallecimientos al balance previo. Paralelamente, las autoridades reconocieron que al menos 1,579 personas continúan en calidad de desaparecidas, en medio de críticas de organizaciones civiles por discrepancias en las metodologías de recuento y opacidad institucional.
En declaraciones a la emisora colombiana Caracol Radio, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, confirmó el registro de 1,579 personas sin localizar con base en los reportes directos de los familiares. El funcionario estatal justificó que parte de esta discrepancia numérica podría deberse a que cuerpos recuperados aún no cuentan con la certificación legal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para ser reclasificados formalmente como fallecidos.
El nuevo boletín informativo gubernamental, enfocado en la denominada «etapa de reconstrucción», presenta un formato modificado respecto a reportes anteriores: omite datos sensibles como personas heridas, damnificados e infraestructura colapsada, e incorpora métricas relativas a la entrega de 287 viviendas. Asimismo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que de 41,624 viviendas evaluadas, 9,866 registran acceso «restringido» y 6,433 se encuentran en «alto riesgo».
La actualización de los datos surge bajo presión de organizaciones no gubernamentales e iniciativas independientes. Previamente, la ONG venezolana Provea exigió al Estado transparentar los balances de víctimas y actualizar el registro de desaparecidos, el cual había permanecido estancado en 157 casos desde el 25 de junio.
Por su parte, plataformas ciudadanas como Desaparecidos Terremoto Venezuela han estimado más de 29,000 personas en paradero desconocido, aunque Provea advierte sobre la carencia de un registro oficial unificado que respalde dicha magnitud. Ante la crisis, el propio gobernador Terán reconoció públicamente que la magnitud de la catástrofe rebasó por completo la capacidad de respuesta y preparación institucional ante desastres naturales.
