Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 11 de mayo del 2026.- El Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, confirmó este lunes que fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de custodia para proteger a familias que integraban una caravana de ciudadanos desplazados por la violencia del crimen organizado en una localidad del estado de Durango.
Loya Chávez explicó que por la cercanía con el municipio de Guadalupe y Calvo, las familias de desplazados se vieron en la necesidad de transitar por los caminos que guarda el “triangulo dorado”, sin embargo, durante el trayecto el estruendo de detonaciones de armas de fuego alertó a la caravana quienes temerosos de ser victimas de algún ataque solicitaron el apoyo de las fuerzas estatales y federales que transitaban por ese lugar.
La caravana, compuesta por familias que buscan abandonar sus comunidades de origen por motivos de seguridad, ha utilizado el territorio chihuahuense como una vía de escape logística debido a la geografía de la región obliga a los desplazados a transitar por Guadalupe y Calvo hacia Parral para, eventualmente, intentar reingresar a zonas más seguras de Durango, explicó Loya Chávez.
«Al momento de detectar esta caravana, las fuerzas se entrevistaron con ellos y decidieron acompañarlos en esta trayectoria», explicó el funcionario. Sin embargo, lo que inició como una asistencia de tránsito se convirtió rápidamente en un operativo de extracción bajo fuego.
El momento más crítico del traslado ocurrió en las zonas altas de la montaña, donde el titular de la SSPE informó que, durante el trayecto, se registraron detonaciones de arma de fuego y aunque Loya Chávez mantuvo una postura cautelosa al señalar que no se ha «comprobado» un ataque directo contra el convoy, la presencia de disparos en las inmediaciones de una caravana custodiada por el Estado evidencia el desafío abierto que los grupos criminales sostienen contra las autoridades.
Este incidente ha forzado una escalada en la respuesta institucional, pues lo que comenzó como un patrullaje terrestre ahora cuenta con el apoyo de una aeronave y una base de operaciones mixta donde convergen la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
Más allá del evento táctico, el desplazamiento de estas familias pone de relieve una crisis humanitaria que no respeta fronteras estatales y donde Chihuahua se ha convertido, por necesidad geográfica, en el corredor de seguridad para comunidades que el Estado mexicano no ha podido proteger en sus lugares de origen.
Ante estas circunstancias, Loya Chávez enfatizó que la SSPE desplegará una vigilancia aérea y terrestre hacia «adentro de la montaña» lo que sugiere que la situación de seguridad en la Sierra Tarahumara está lejos de estabilizarse, por lo que mientras el eco de las detonaciones permanezca en las partes altas de Guadalupe y Calvo, la «seguridad» de la región seguirá dependiendo de convoyes blindados, dejando una interrogante abierta sobre el futuro de las comunidades que quedan atrapadas en el fuego cruzado de los grupos del crimen organizado que habitan las montañas.
