Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de marzo del 2026.- Mientras la gobernadora Maru Campos Galván asegura que su administración es «respetuosa de la libre expresión y de tránsito», las calles del primer cuadro de la capital amanecieron bajo un fuerte operativo de seguridad que contradice, para muchos, el mensaje de apertura institucional.
Bajo el argumento de «garantizar un desarrollo pacífico», la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) inició el blindaje de la zona. Palacio de Gobierno y edificios aledaños fueron cercados con vallas metálicas, una medida que año con año reabre la misma herida en el debate público: ¿Se protege a las mujeres o se resguardan las fachadas?
Vigilancia Centinela: ¿Prevención o intimidación? El despliegue no es solo físico. La SSPE informó que el operativo para este 8 de marzo incluye el uso de la Plataforma Centinela, con drones y cámaras que mantendrán vigilancia permanente sobre los contingentes. Aunque las autoridades califican la medida como «preventiva» para contar con el apoyo de Bomberos y Protección Civil, diversos colectivos perciben este despliegue tecnológico como una forma de vigilancia e intimidación institucional.
Luego de instalar vallas de acero para blindar el centro histórico, la mandataria estatal pedía «respetar un poquito más el patrimonio histórico y cultural». Sin embargo, el contraste es evidente: mientras el Gobierno del Estado despliega vallas de acero para proteger muros de piedra, las cifras de violencia de género en Chihuahua siguen sin mostrar una reducción significativa.
Para las autoridades, el objetivo es que la manifestación se desarrolle «sin contratiempos». Pero para las miles de mujeres que saldrán a marchar el 8M, el mensaje que envían las vallas es claro: en la agenda de seguridad de Chihuahua, la integridad de las fachadas históricas sigue teniendo prioridad sobre el reclamo de justicia de las mujeres.
